La 'coctelera' laboral del 2025

La reducción de la jornada laboral a un máximo de 37,5 horas semanales ha hecho zozobrar, incluso, las relaciones entre los socios que conforman el Gobierno de coalición. En particular, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, capitaneado por Sumar y la Vicepresidenta Yolanda Díaz, proponente de dicha reducción, ha venido a chocar quasi frontalmente con el Ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, del sector socialista del ejecutivo. Como no puede ser de otra manera, los agentes sociales, defensores ambos de sus propios intereses, en la mayoría de las ocasiones contrapuestos, han hecho públicas sus posiciones al respecto de la medida.

Los sindicatos llevan respaldando la reducción de la jornada laboral desde un inicio y, al contrario, la patronal (CEOE) ya ha manifestado su frontal oposición a trabajar menos horas percibiendo el mismo salario. Al menos, no de un modo generalizado, esto es, analizar en cada sector y en cada empresa de forma detallada las posibilidades de llevar a cabo la reducción sin que suponga un perjuicio irreparable para el tejido empresarial y productivo nacional. A estos mimbres, se añade una nueva vuelta de tuerca en torno al SMI, que continúa elevándose desde 2018 a esta parte de una forma significativa. Desde la perspectiva empresarial, la reducción de la jornada laboral percibiendo la misma retribución se ve como una subida del SMI de forma encubierta, más aún si se termina aprobando una nueva subida conllevará una doble carga económica, fiscal y social para el conjunto de empresas, PYMES y autónomos de nuestro país. Por tanto, las últimas reformas y medidas puestas en marcha y anunciadas por el Gobierno de España suponen un desafío mayúsculo tanto para empresarios, autónomos y trabajadores a lo largo de este año 2025. Todo ello conforman los ingredientes de la 'coctelera' laboral anual; ahora, queda por ver, cómo saldrá el cóctel final.

Ahora bien, nada desdeñable es la ardua tarea parlamentaria que tiene por delante el Gobierno de la nación para que, efectivamente, puedan aprobarse ambas medidas sociales que resultan clave para el devenir de la legislatura. También es cierta que la fragmentada composición parlamentaria no es óbice para superar una negociación parlamentaria con sus posibles socios, aunque en temas sociales y laborales que afectan directamente a las empresas los votos del PNV y Junts no están, para nada, asegurados. Antes al contrario, sale a relucir la tradicional relación y querencia de los partidos nacionalistas antedichos con el empresariado de sus respectivas regiones.

Tiene sentido, en cualquier caso, que a medida que se va avanzando en tecnología, innovación y modernización del tejido productivo español, se planteen nuevos derechos para los trabajadores y mejoras en sus condiciones de empleo y salarios, por supuesto. Pero ello debe ir aparejado de un análisis riguroso de la situación sociolaboral de los diferentes sectores y empresas de nuestro país, cuales son sus necesidades y, especialmente, la carga fiscal y social que soportan empresas y trabajadores autónomos. Del mismo modo que una subida del SMI no puede acarrear un impacto en la carga impositiva de los trabajadores.

El diálogo social y la negociación colectiva serían, en mi opinión, los cauces y los foros adecuados para que se pudiera adaptar y acompasar la realidad laboral de empresas y trabajadores a los nuevos deseos del Gobierno y, ¿por qué no? de la sociedad también. Un difícil equilibrio que no es nuevo en la defensa constitucional de los intereses de trabajadores y empresas, un sempiterno debate que no conseguiremos zanjar (y así debe seguir siendo) pero sí encauzar.

Pensemos, pues, en la posibilidad de que Gobierno, sindicatos y empresarios, puedan ceder algo en sus pretensiones y llegar a un acuerdo tripartito, difícil si acaso pero no imposible, que nos permita sentar las bases de, al menos, los próximos 25 años de regulación de la jornada laboral y las retribuciones mínimas de los trabajadores. Parece más un deseo que la realidad, atendiendo al panorama político patrio. Veremos qué resulta del cóctel laboral de 2025: si dulce, o amargo.