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B. O.
ONDARA.
Miércoles, 12 de junio 2019, 01:23
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Alrededor de una veintena de familias de Ondara están viviendo, desde hace unos meses, una situación surrealista. Han estado pagando religiosamente sus recibos de alquiler a la empresa arrendataria, pero ahora pueden quedarse en la calle. El problema, aseguran, es que a esa mercantil, propietaria de las viviendas, le embargaron en 2017 los apartamentos.
«El dueño de la inmobiliaria no nos dijo lo que había sucedido y siguió cobrando por unas casas que no eran suyas», apuntó ayer Mónica, una de las vecinas afectadas. Pasaron dos años así, pero finalmente a estas familias les llegó la mala noticia, personal de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) se personó en la finca y les comunicó que debían de abandonar sus casas.
Ahora viven con la angustia de no saber si saldrán una mañana de su hogar para ir al trabajo y a su vuelta ya no podrán entrar. Ante esta situación, los vecinos exigieron explicaciones al propietario de la empresa arrendataria, pero aseguran que sus palabras eran de desconocimiento, «en uno de los últimos encuentros que tuvimos me dijo que él no sabía nada del embargo, yo le pregunté dónde debía de pagar el alquiler y el me dijo que en la misma cuenta, la de su empresa. Ayer volví a hablar con él, le recordé la conversación y volvió a insistir que no sabía nada». El auto de ejecución, afirma, es del 2017 y el pasado año la propiedad de la finca pasó del banco a manos de la Sareb, «pero como, según el, no se le había comunicado legalmente, pues ha seguido cobrando».
Otro residente aseguró ayer que desde la empresa les habían ofrecido reubicarlos en otro edificio. «Yo no me fío, si me voy a otra vivienda de esa empresa estoy segura que en unos meses volverá a pasar lo mismo», señala Mónica.
Esta vecina que lleva ya nueve años como inquilina, «cumpliendo religiosamente con todos los pagos», explica que su familia está acostumbrada a vivir en Ondara, así que «¿por qué debo irme a otro sitio si nosotros hemos cumplido en todo?». De momento, afirma, no se moverá, ya que «la jueza me ha reconocido que puedo seguir viviendo dos años en mi casa porque he sido la única que ha demostrado que vivo desde hace años y ha pagado todas las mensualidades».
Ahora lo que pide, tanto ella como el resto de vecinos, es que la mercantil les devuelva «esas mensualidades que cobró desde que embargaron el edificio, no queremos que nos reubique, queremos el dinero y nosotros ya veremos lo que hacemos». Aunque sabe que no será fácil, pues «el dueño de la empresa me dijo que, si quiero, firmo un papel para romper el contrato de alquiler y me devuelve la fianza, pero las mensualidades abonadas no. Incluso me ha llegado a decir que, llegado el caso, le pagará a la Sareb, a nosotros no».
Sobrepasados por la situación, los inquilinos han solicitado ayuda al consistorio. Según Mónica, han mantenido varias reuniones con el ejecutivo y les han asegurado que intentarán intermediar con la Sareb para que conseguir que no les desalojen, «o que nos cobren un alquiler social».
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