VAYAN AL JUZGADO

ISABEL FERRANDO

Con todo el jaleo del requisito lingüístico para la función pública, ha pasado un poco desapercibida la sentencia contraria al Ayuntamiento de Dénia con la que nos toca palmar medio milloncejo de euros por un asunto de 2006. Supongo que la falta de alharacas es debida a que en aquella época gobernaban los mismos que gobiernan ahora y así es más difícil reprocharle cosas a la oposición.

Sin entrar en detalles de por qué los contribuyentes tenemos que apoquinar este dinerillo (a lo que se ve cobrado de más a una empresa), lo realmente insidioso de esta cuestión es la terrible mala suerte que tiene mi preciosa ciudad natal cuando a quien sea se le ocurre llevar las decisiones de quienes nos gobiernan a los tribunales. Como aquí hemos tenido abogados distintos, nos han tumbado cosas aprobadas por políticos de muchos colores y lo han hecho jueces diferentes, ya solo cabe pensar que tenemos el gafe puesto en asuntos jurídicos.

Como poco nos debería llamar la atención que en el mismo pleno en el que el equipo de gobierno informa de esta sentencia desfavorable, apruebe sin pestañear una medida controvertida como pocas, el requisito lingüístico, y proponga alegremente a la oposición que acudan a los juzgados si es que creen que la medida es ilegal.

Esto no se trata ya de mayorías absolutas, de hecho, dado el voto favorable de Compromís, aunque el PSOE gobernara en pacto es de suponer que habría salido adelante. Y no se trata de un «berrinche» de la oposición. Es que incluso uno de los grandes sindicatos ha advertido que puede ser ilegal. Pero como quien oye llover.

Si nadie lo remedia, y quien puede no parece que quiera, el asunto irá a los tribunales. Lo peor de todo es que con otro tipo de medidas, como la capacitación obligatoria tras la obtención de la plaza, se hubiera conseguido el mismo objetivo: que todos los funcionarios de Dénia estén preparados para atender a la gente en cualquiera de las dos magníficas lenguas oficiales de nuestra Comunitat.