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B. ORTOLÀ
DÉNIA.
Sábado, 21 de julio 2018, 00:19
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En Dénia siguen sufriendo las consecuencias del caos urbanístico en el que está sumido la capital de la comarca al no disponer de un Plan General Estructural (PGE), ni Normas Urbanísticas Transitorias. A las quejas por parte del sector empresarial ahora también se suman las de los ciudadanos de a pie. Muchos de ellos se ven envueltos en situaciones complicadas al no poder llevar a cabo pequeñas reformas en sus viviendas y critican la «pasividad» del ejecutivo. Uno de estos casos es el de Maria Inmaculada Navarro, quién asegura que desde hace más de un año sufre perjuicios económicos y morales de la actual realidad urbanística de la ciudad, que le impide terminar las obras de rehabilitación de su vivienda.
El calvario de Navarro empezó en mayo de 2017 cuando heredó una vivienda familiar «con toda la ilusión del mundo». En aquel momento la normativa urbanística le permitía construir una vivienda que ocupase el 25% de la parcela, la suya era de 1.053 metros cuadrados. Navarro solicitó la documentación necesaria para llevar adelante el proyecto, pero «como el Ayuntamiento quería paralizarlo todo, no me contestaban». Así estuvo varios meses.
Fue en septiembre de 2017 cuando mantuvo la primera reunión con el consistorio. En este encuentro, asegura Navarro, le dijeron que el proyecto que había presentado «era viable, por lo que no habría ningún problema para llevarlo a cabo».
Pero para ello le solicitaron que preparase un estudio de integración paisajística. Una documentación que esta vecina encargó a unos técnicos y que presentó poco después, pero «siguió pasando el tiempo y no respondían para nuestro desespero». No fue hasta enero de este año cuando Navarro pudo tener otra nueva reunión con el Ayuntamiento «a pesar de que la solicitamos insistentemente, siempre que pedíamos información al arquitecto técnico, éste nos remitía a los técnicos de Medio Ambiente y viceversa».
En ese encuentro le solicitaron que presentase informe de deficiencias, «además de otra documentación que ya había facilitado con anterioridad».
A pesar de que volvió a presentar todo lo que le pidieron, apunta, no obtuvo respuesta. En mayo, un año después de iniciar todo el proceso, Navarro consiguió reunirse con el alcalde, Vicent Grimalt y la responsable de Urbanismo, Maria Josep Ripoll. Según la vecina de Dénia, los ediles «me dijeron que me olvidase de poder hacer las obras». Además, actualmente la normativa a cambiando y el porcentaje máximo que puede ocupar una vivienda es del 18%, por lo que Navarro deberá presentar una modificación de proyecto si quiere seguir adelante. Una actuación que, asegura, le costará entre los 6.000 y 25.000 euros: «se trata de un perjuicio moral y económico que ya no puedo soportar», asegura». A pesar de ello, todavía no tiene decidido si denunciará su caso, «supondrá otro desembolso económico».
En una situación similar se encuentra un residente francés, quién compró una parcela en el término municipal dianense, que contaba con una pequeña vivienda, «lo justo para poder pasar los días de verano, no cuenta con todas las comodidades necesarias para el día a día».
Pero con la edad, decidió instalarse permanente en Dénia, por lo que creyó conveniente rehabilitar la pequeña casa para convertirla en la vivienda habitual. Para ello decidió vender su residencia en Francia para poder afrontar económicamente los gastos de la remodelación.
Ahora la situación urbanística no le permite realizar las obras, por lo que ha tenido que alquilar un apartamento para poder instalarse mientras espera que se solucione cuanto antes el problema. Una situación que califica de «increíble».
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