La Policía Local de Dénia ha ido a la finca con okupas varias veces por conflictos vecinales

El interior de la finca residencial con okupas. / LP
El interior de la finca residencial con okupas. / LP

El cuerpo de seguridad recalca que en los enfrentamientos solo puede mediar y que nada se puede hacer si el propietario no denuncia

R. G.

Dénia. La Policía Local de Dénia reconoció ayer que ha acudido en varias ocasiones a la finca residencial Mirador Monte Pedrera, en la que hay 23 viviendas con okupas, por enfrentamientos vecinales. La comunidad de esa urbanización hizo público el lunes la situación soportable que estaban viviendo y las «agresiones físicas y verbales» que habían sufrido.

Según fuentes del cuerpo de seguridad, han tenido que ir unas cuantas veces en respuesta a las llamadas de vecinos. Las últimas de ellas fueron por cuestiones relacionadas con animales de compañía.

Sin embargo, desde la policía hicieron hincapié en que los agentes «tan solo pueden mediar en los conflictos vecinales». La comunidad de la urbanización había lamentado que no se haya desalojado a los que están ocupando ilegalmente las casas. Ante esta afirmación, desde el cuerpo de seguridad recordaron que no esa no es su competencia y que nada se puede hacer si el verdadero propietario no presenta una denuncia. Si el dueño no da el paso, no se puede entrar.

Además, la empresa que administra la comunidad ya reconoció que solo se puede desalojar con inmediatez si se actúa antes de que se cumplan 48 horas desde el momento en el que se fuerza la vivienda y se ocupa. Fuera de ese margen, el procedimiento resulta más largo y pasa por que el dueño acuda a los juzgados.

Cabe recordar que la comunidad de Mirador Monte Pedrera denunció a principios de semana la proliferación de okupas en su finca y la sensación de inseguridad que sufren los dueños de casas a raíz de su presencia. De las 64 viviendas que tiene el residencial, 11 están vendidas y hay otras 23 están ocupadas ilegalmente. Una vecina explicó que todo se había agravado a partir de 2017,, cuando «de la noche a la mañana» vieron que la urbanización era invadida. Según comentaron algunos propietarios, han sido víctimas de «agresiones físicas y verbales, incluso amenazas de muerte».

También apuntaron que sospechaban que los okupas estaban haciendo «negocio» con las viviendas ya que creían que las podrían estar alquilando a otras personas, pese a no ser los dueños. Además dijeron intuyen que allí se está produciendo «tráfico de estupefacientes».

Ante esta situación, los afectados trasladaron su malestar a la Policía Local, a la Policía Nacional, al concejal de Seguridad Ciudadana y al propio alcalde de Dénia.