Un nuevo acto vandálico deja en evidencia la falta de policías en los pueblos de La Rectoria

Una de las siete casetas que fueron asaltadas la pasada semana en la zona de La Costera de Moll, en Tormos. / B. Ortolà
Una de las siete casetas que fueron asaltadas la pasada semana en la zona de La Costera de Moll, en Tormos. / B. Ortolà

La Comisión Comarcal por la Seguridad estudia la posibilidad de crear convenios para los municipios que no disponen de agentes

B. ORTOLÀ

Las localidades de La Rectoria están siendo azotados por una serie de robos y actos vandálicos que ya sitúan este problema como la principal preocupación de sus vecinos, quienes demandan presencia policial en la zona. El último de los casos se produjo la semana pasada en Tormos, donde rompieron las cerraduras de las pequeñas casas de campo del espacio natural La Costera de Moll en su término municipal.

Se trata de un complejo rural formado por siete pequeñas casetas con literas y varios espacios comunes, que el ayuntamiento está tramitando para que sean de uso municipal. Según explicó el alcalde, Geroni Bermúdez, tan sólo rompieron las puertas de las cabañas. No se llevaron nada, puesto que estas dependencias tan está equipadas simplemente con camas, «lo básico para quedarse a dormir», apuntó un residente que vive en el municipio.

A este suceso hay que sumar los diferentes robos sufridos en los últimos meses tanto en viviendas de los cinco pueblos (Tormos, Sanet i Negrals, Ràfol d'Almúnia, Sagra y Benimeli), así como en sus respectivas urbanizaciones o casetas de campo situadas en sus términos municipales. Los amigos de lo ajeno incluso han asaltado algún almacén.

El pacto entre las localidades surgió en 2011 pero no se oficializó hasta 2017

La preocupación entre los vecinos es máxima. «Todos conocemos a alguien a quien le han entrado a robar y tenemos miedo a que el próximo robo se produzca en nuestra propia casa», indicó el alcalde de Tormos.

Bermúdez apuntó que el tema de los robos y la seguridad en los municipios se ha abordado en varias ocasiones en las reuniones de la Mancomunidad de La Rectoria, pero son conscientes de que no pueden asumir el coste de un cuerpo de Policía Local. También se plantearon algunas propuestas para solucionar el problema. Una de ellas fue remitir a la subdelegación del Gobierno en Alicante una solicitud para que habilite unas plazas de agentes en la zona, aunque entienden que será «muy difícil que pueda llevarse a cabo la petición».

La segunda opción que barajan es pedir algunos efectivos de municipios colindantes a La Rectoría, para que puedan dedicar algunas horas de sus jornadas a pasar por allí. Una propuesta que los propios munícipes entienden que también será «complicada de poner en marcha porque no es fácil que las localidades vecinas aumenten las plantillas de la Policía Local».

Aunque en un principio parece que esta segunda opción tiene escasas posibilidades de salir adelante, no todo está perdido para La Rectoria. La solución podría llegar a través de la Comisión Comarcal por la Seguridad a la que ya pertenecen una docena de municipios de la Marina Alta, pero que de momento no cuenta con esta Mancomunidad entre sus socios. De hecho, los alcaldes de Sagra, Sanet i Negrals, Tormos, Benimeli y Ràfol d'Almúnia aseguraron ayer desconocer la existencia de esa comisión.

Este proyecto partió de los cuerpos de la Policía Local de varios de los municipios allá por el año 2011, aunque no fue hasta 2017 cuando ocho de los doce municipios (Dénia, Xàbia, Ondara, El Verger, Poble Nou de Benitatxell, Llíber, Pedreguer y Benissa) firmaron la Carta de Compromisos por la prevención y la seguridad en la Marina Alta. El objetivo era «unir los esfuerzos, unificar los protocolos, establecer un compromiso de auxilio mutuo y una coordinación y cooperación en medios materiales y humanos de los cuerpos de seguridad de la comarca». Aunque básicamente lo que se consiguió fue que entre cuerpos se prestasen medios materiales, no humanos. «Si un municipio necesitaba una moto para un acto, otro que la tenía se la prestaba», explicaron.

A este pacto se adhirieron ayer Pego, Gata de Gorgos, Beniarbeig y Els Poblets, en un acto que tuvo lugar en el municipio pegolino. «Queremos conseguir que la seguridad no tenga líneas de términos ni fronteras en nuestro territorio», dijeron.

Primero, inscribirse

En cuanto a la prestación de servicios en las localidades donde no cuentan con cuerpos de seguridad, como en La Rectoria, los miembros de la comisión apuntaron que el primer paso «es adherirse». Una vez dentro, abordarán la forma de conseguirlo. La opción con más papeletas es la de acordar convenios, pues «ya se ha hecho en otras comunidades autónomas». Aunque reseñaron que no será fácil: «En el caso de prestar agentes se deberían tener claros matices como quién debe asumir las responsabilidades, las competencias o las retribuciones».