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R. GONZÁLEZ
Martes, 1 de julio 2014, 00:03
La factura de 1,4 millones de euros que la empresa que gestiona la planta de basuras de El Campello, FCC, ha remitido a Reciclatge de Residus la Marina Alta SA ha sentado ha supuesto un jarro de agua fría a los ayuntamientos que integran esta sociedad, que es la titular de la planta de transferencias de la Xara. Los consistorios ahora deben estudiar cómo hacer frente a esta cantidad inesperada.
Reciclatge de Residus tenía previsto celebrar ayer en Dénia una junta general para hacer balance de las cuentas del pasado año. Sin embargo, el orden del día se vio trastocado por la reciente llegada, a finales de la pasada semana, de la factura emitida por FCC con fecha del pasado 27 de mayo y que contaba con un acuerdo previo del Consorcio de Residuos de la Zona XV, que comprende los municipios de la Marina Alta, Marina Baja y El Campello y que cuenta con representantes de los ayuntamientos, la Diputación de Alicante y la Generalitat Valenciana.
El recibo es en concepto de las liquidaciones definitivas correspondientes a los años 2011 y 2012. Ese 1,4 millones, que la empresa ha facturado a los ayuntamientos porque el canon que abonaron en esa época no cubría el coste real, descuadra los números que la sociedad había realizado. Por ello, la junta volverá a reunirse al pasar el verano, en septiembre, para buscar la mejor solución para afrontar el pago.
Entre las posibles opciones se encuentran abonar el recibo de las reservas acumuladas por la sociedad, y que ascienden a 1,5 millones de euros, o que cada ayuntamiento se haga cargo de la parte que le corresponde y que luego eso se compense vía tasas de la basura que pagan los ciudadanos. En principio, los ejecutivos locales son más partidarios de saldar la deuda a través de los fondos acumulados.
No obstante, la decisión del uso de ese remanente de 1,5 millones que tiene Reciclatge de Residus la Marina Alta debe tomarla la junta general, que es el órgano que tiene potestad para hacerlo. Así lo especificó el letrado de la sociedad, José Sala.
Un tercio de la gestión
La factura desequilibra los números de la sociedad por su elevado importe. Cabe destacar que el pasado año la gestión de Reciclatge ascendió a 4,5 millones, por lo que el dinero que le reclaman de 2011 y 2012 equivale a un tercio del volumen total. Y estarían a la espera de los datos del pasado año.
A la reunión de ayer en Dénia, en representación de Vaersa acudió el vicepresidente del consejo de administración de la empresa pública y director general de Calidad Ambiental, Vicente Tejedo. En anteriores ocasiones acudió el director general de Vaersa, Enrique Simó, imputado por presunta malversación y prevaricación
Respecto al futuro de la planta de transferencias, de la que Vaersa posee el 93% de las acciones y el resto está en manos de los consistorios, las partes están a la espera de que el Consell Jurídic Consultiu dictamine respecto al informe remitido por los ayuntamientos para que medie en la venta de las acciones, ya que la empresa pública Vaersa va a deshacerse de su parte.
Los representantes municipales están interesados en comprarle su parte, pero el problema radica en que la empresa reclama el 93% del remanente de la sociedad. Desde el punto de vista de los consistorios, ese dinero no corresponde a beneficios, sino a las aportaciones que ellos han hecho y, por tanto, deben ser ellos los que decidan su destino.
El alcalde de Xàbia, José Chulvi, recalcó que, tras enviar el informe al Consell Jurídic, solo cabe esperar. En su opinión, el tema de la venta no avanza. «Tengo la sensación de que esto todo parado», señaló.
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