El PSPV de Tavernes defiende que el cierre del pozo responde a la normativa municipal

La manifestación de los vecinos afectados. / lp
La manifestación de los vecinos afectados. / lp

La concejala de Vox, critica que el Ejecutivo, «gaste dinero público» en contra de esta infraestructura del barrio de los Desamparados

A. D.

tavernes. El PSPV de Tavernes Blanques que compone el equipo de Gobierno defiende que el cierre del pozo del grupo Virgen de los Desamparados responde a la ordenanza municipal de Policía y Buen Gobierno. La formación sale así al paso de las críticas de Vox, que acusa a la alcaldesa de «inquinia y persecución a los vecinos» de la zona.

Vox se acoge a «una sentencia que aún no se ha hecho pública» y que «condena en costas al Ayuntamiento de Tavernes Blanques, al desestimar el recurso presentado por la administración local contra el auto en el que el Juzgado le daba la razón a los vecinos en lo relativo a la potabilidad del agua y el no riesgo al interés general». También recoge «la irreversibilidad del corte de agua después de 30 años de vigencia de una ordenanza en la que se escudaba el gobierno local» y que «nunca ha sido aprobada de forma definitiva, como señalan los vecinos».

Su portavoz, Laura Carrasco, apunta que «es un capricho de la alcaldesa querer quitar un pozo, además del quebranto para los residentes, y está suponiendo dilapidar dinero público en procesos judiciales que va perdiendo».

Este pozo data de 1957 y da servicio a estas viviendas protegidas cuyos vecinos se manifestaron hace unos meses para evitar su cierre. No obstante, después de casi dos años de litigio, el pasado 3 de junio se desestimó la suspensión de la orden de cierre, al considerar que la medida «es reversible» pero «sin entrar en el fondo», y el Consistorio procedió a la conexión provisional con el contador de la red pública, dejando sin uso el pozo que está en la guardería municipal.

Desde Vox, apuntan que «las dudas sobre la salubridad del agua fueron rebatidas por la Conselleria de Sanidad cuando estableció el 23 de julio de 2018 que era apta para el consumo humano». Además, añaden que el pozo se cerró «en contra de la voluntad de los vecinos, sin haber el más mínimo riesgo ni exigencia sanitaria y, presuntamente, tomando una medida arbitraria a sabiendas. Hecho que podría acarrearle una denuncia por prevaricación de los vecinos».

Por su parte, los socialistas afirman que el Ayuntamiento «siempre ha actuado sostenido por los informes técnicos, legislación autonómica y la ordenanza municipal» y echan en cara a la concejala de Vox que «no haya consultado el expediente». También señalan que «no hay sentencia aún» y que «ante la elevación del caso por parte de los vecinos a los juzgados, se respete la actuación judicial tal y como hacemos nosotros».

En esta línea, mantienen que por la normativa municipal «se han cerrado otros pozos con gobiernos de otros colores políticos que cumplían con la normativa para garantizar la salubridad del agua» y añaden que también se está luchando «por garantizar que la Escoleta municipal continúe abierta y homologada».