El PP pide a Oltra y Puig que medien en el «secuestro» de la formación de Paterna

Elena Bastidas, junto a los tres ediles del PP de Paterna, frente al despacho cerrado con un candado. / lp
Elena Bastidas, junto a los tres ediles del PP de Paterna, frente al despacho cerrado con un candado. / lp

El Ejecutivo remite los documentos al juzgado en el que las dos ediles populares se niegan a recibir la notificación del cambio de despacho

ADA DASÍ PATERNA.

El ambiente en el Ayuntamiento de Paterna continúa caldeado tras la decisión del equipo de Gobierno de precintar el despacho del grupo municipal popular el viernes pasado. Ayer, fue la vicesecretaria regional del PP de la Comunitat Valenciana (PPCV), Elena Bastidas, la que visitó la casa consistorial para apoyar el trabajo en la oposición de los concejales populares del municipio «en las escaleras» y ante la puerta cerrada con un candado.

Bastidas retó, tanto a Mónica Oltra como a Ximo Puig, a que «tomaran cartas en el asunto» y que «pusieran orden» entre los líderes locales para hacer realidad el discurso de «transparencia y libertad para que nuestros concejales puedan desarrollar su labor con normalidad democrática». La vicesecretaria calificó esta situación de «secuestro», algo «insólito en el siglo XXI y sin precedentes en la historia de la democracia valenciana y española».

En la misma línea, añadió que es un «atentado a la democracia que las llaves del PP en el Consistorio no las tenga el PP, sino el PSPV y Compromís con medidas torticeras más propias de repúblicas bananeras que de la democracia valenciana» y recordó que el PP «está empatado en número de concejales con quienes gobiernan».

Es un «atropello a los derechos constitucionales que le asisten a un partido político en un ayuntamiento para poder ejercer su labor fiscalizadora, que debe tener medios personales y materiales», matizó Bastidas y señaló que «confunden los medios institucionales con los que les corresponden a cada grupo político, no se trata de una concesión graciosa».

También hizo referencia al cese del asesor y comentó que, la razón, «es una vendetta de PSPV y Compromís ante las denuncias del PP por las presuntas irregularidades en el Ayuntamiento. Intentan intimidarles y censurar su labor de oposición para acallar su labor de control. No nos van a acallar».

La portavoz popular, María Villajos, apuntó que «las formas son torticeras, denigrantes y dictatoriales, porque han precintado nuestro despacho para evitar que hagamos nuestra labor de oposición y el alcalde no se pone al teléfono». Según Villajos, «estamos sufriendo una persecución y no dan la cara» y matizó que el alcalde «ha delegado tres días».

La concejala también señaló que el despacho de Compromís al que tienen que trasladarse, justo al lado, según marca el decreto del teniente de alcalde, Carles Martí, «sigue ocupado y está el ordenador encendido». «Aquí estamos sin impresoras, teléfonos, ni ordenador, y con las llaves de la sede dentro del despacho», añadió.

Reorganización

En la otra cara de la moneda, el teniente de alcalde, Carles Martí pide que las ediles populares, María Luisa Ferré y María Villajos, que «dejen de mentir y manipular la información» y advierte que «tan sólo se trata de un cambio de despacho que en ningún momento impide sus capacidades de ejercer la oposición». «Si hubieran querido desde el día 27 de julio podrían estar cómodamente instaladas en su nuevo despacho que por tamaño es más que suficiente para los que han quedado en el grupo municipal Popular», señala.

El Ayuntamiento ha remitido al juzgado los documentos, tras la denuncia del PP por el precinto del despacho, en los que se especifica claramente en la providencia del teniente de alcaldía «el intercambio» de los locales de los grupos municipales por «cuestiones organizativas y de recursos humanos», que «prueba que en ningún momento se deja a los populares en las escaleras».

Entre ellos están las notificaciones recibidas por las dos concejalas el 27 de julio, el informe de la Policía Local donde «se niegan a recibir la notificación en mano el 2 de agosto», y donde consta que Ferré le comunicó a los agentes que «les tendría que desalojar la policía», y la orden de precinto del día 3.

Igualmente, Martí, puntualiza que el candado «no evita que puedan pasar a su despacho para coger sus pertenencias y materializar el cambio de ubicación» a pesar de lo que denuncian públicamente, y advierte que «en ningún momento han solicitado, ni por escrito, ni verbalmente, a la Policía Local la entrada».

«Una vez más el PP hace gala de la política que nos avergüenza a todos. Haciendo declaraciones públicas mintiendo descaradamente, diciendo que se han visto obligados a trabajar en la escalera, a hacerse fotos hojeando papeles dos minutos y continuar en un postureo estéril, escenificando un ficticio desalojo que tendrán que explicar ante la justicia», añaden desde el equipo de Gobierno para acabar con el «circo» mediático.

Martí califica todo esto de «sainete ridículo» montado «por una portavoz con el ego herido, líder de un grupo municipal en descomposición, acostumbrados de hacer del Ayuntamiento su cortijo».

 

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