Paterna recurrirá el fallo que anula el acuerdo plenario que frenó el centro de menores

Un momento de la sesión plenaria que determinó la suspensión. / lp
Un momento de la sesión plenaria que determinó la suspensión. / lp

La resolución afirma que la suspensión de licencias no fue «conforme a derecho» mientras el Consistorio insiste en tildar de «injerencia» el proyecto de la conselleria

MARINA COSTA PATERNA.

El proceso judicial entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Paterna, respecto al proyecto de instalación de un centro de menores en el municipio, dio ayer un nuevo paso. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Valencia determina que el acuerdo plenario que determinó la suspensión de licencias «no es conforme a derecho, por su desmesurada extensión, territorial y objetiva», por lo que estima la demanda interpuesta por la Generalitat, «sin que sea necesario entrar a abordar los otros motivos de impugnación formulados» en la misma.

El Ayuntamiento anunció ayer que recurrirá esta resolución judicial, al aseverar que «la suspensión temporal se realiza para que no se generen situaciones que sean incompatibles con la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Se congela o paraliza la situación que existe para no dar licencias que después sean incompatibles con la modificación que se apruebe tras el estudio», según explicaron ayer fuentes municipales.

«Vamos a recurrir esta decisión, porque no compartimos la injerencia cometida por la Conselleria. Esto no es una cuestión de derechos. A Paterna nadie le puede dar lecciones en este sentido, puesto que somos referentes a nivel nacional», recalcaron.

«A Paterna nadie le puede dar lecciones, somos un referente», destacan fuentes municipales El Consistorio recalca que la empresa ya no se ubicará en la localidad, tras su marcha a otra ciudad

El dictamen «habla de una cuestión técnica urbanística, que en el caso de tener una resolución definitiva, se subsanará sin problemas». Aun así, «el centro de menores no se abrirá finalmente en La Canyada, entre otras cosas, porque la empresa se ha ido hace meses a otro municipio». La Generalitat impugnó este acuerdo plenario, adoptado el pasado 8 de marzo de 2018, por el que se acordaba la suspensión de licencias de obras y actividades destinadas a la implantación de usos asistenciales, lo que dejaba congelado el controvertido proyecto de instalación de un centro de menores en la urbanización de Montecañada, una iniciativa que había generado apoyos pero también críticas vecinales en la zona.

La Generalitat, como parte demandante, denunciaba que, como administración autonómica «con competencias en materia de protección de menores», el Ayuntamiento de Paterna acordaba esta suspensión de licencias urbanísticas «con la finalidad de evitar la implantación de un centro de menores en el municipio» y resaltaba que dicha suspensión era «una medida desproporcionada e improcedente a la luz del artículo 57 de la Ley 39/2015».

Por contra, el Consistorio se amparaba en el artículo 64 de la LOTUP, la regulación vigente cuando se adoptó el acto administrativo impugnado y que determina que los ayuntamientos «podrán acordar la suspensión de la tramitación y del otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos, edificación y demolición, para ámbitos determinados, con el fin de facilitar el estudio o reforma de la reordenación urbanística».

Finalmente, la estimación del recurso reconoce que la demandante «tiene derecho al otorgamiento de la licencia interesada» y condena a la administración demandada a otorgarla.

Sin embargo, desde el Consistorio esperan que «la Conselleria, en la próxima legislatura cambie su actitud, y dialogue más con los municipios, sin realizar imposiciones».

El Ayuntamiento ya destacó que la localidad atiende «a 600 menores en los 8 centros de acogida que tiene en la ciudad» y que la localidad era «un ejemplo de solidaridad y de atención a los menores en situación de desamparo».

También matizaron que con este nuevo ordenamiento «buscamos garantizar el emplazamiento más idóneo para los menores, con el objetivo de asegurar su bienestar, su autonomía y su integración en nuestra ciudad».

Esta regulación determina los requisitos que deberán cumplir todos aquellos centros de menores que quieran instalarse en Paterna. Por un lado, la suscripción de un convenio entre el Ayuntamiento y la Conselleria competente en la materia que «será resultado del diálogo, la coordinación, el consenso y la puesta en común de las políticas sociales municipales y autonómicas». Y, por otro, la presentación de un proyecto educativo del centro que defina los objetivos generales, con el fin de garantizar «una atención integral de los menores adaptada a sus necesidades». Así, se deberá tener en cuenta la proximidad «a dotaciones deportivas, centros de salud, centros escolares y paradas de transporte público».