Un juez avala la suspensión de licencias de Paterna que paraliza el centro de menores

La Generalitat decidió recurrir la decisión del Consistorio paternero y pedir la suspensión cautelar de la resolución municipal, mientras se resuelve el contencioso. La respuesta del juzgado deniega esta solicitud y avala la decisión municipal, ya que sostiene que la actividad se puede desarrollar «en otros centros existentes» y que la infraestructura planteada se puede construir «en otra población». En concreto, el texto indica que «la Administración demandante alega intereses de tipo general que no resultan acreditados, ya que nada indica que no se pueda realizar la actividad asistencial en cuestión en otros centros existentes o que el centro planeado no se pueda construir en otra población».

También subraya que la demandante «ni si quiera es la sociedad que, según el escrito de interposición, sería la perjudicada por la suspensión de licencias». Asimismo, detalla que la parte demandante «no acredita mínimamente los perjuicios que supondría el mantenimiento de la eficacia del acuerdo de suspensión de licencias. Se ha de tener en cuenta que la finalidad del acuerdo es precisamente evitar los graves perjuicios para los intereses generales que supondría otorgar estas licencias y que, después, resultaran contrarias al nuevo planamiento urbanístico que la administración demandada proyecta».

Esta resolución abre la puerta a que otros municipios puedan adoptar este tipo de suspensión para evitar la instalación de centros similares en suelo privado. Fuentes de la Generalitat confirmaron ayer que se ha presentado recurso de apelación al considerar que dicha resolución «menoscaba las competencias de la Generalitat para la prestación del servicio de protección y ayuda a menores», entre otros colectivos desfavorecidos.

Con esta decisión judicial, la Generalitat «tendrá prohibido instalar recursos de asistencia social en Paterna durante los próximos dos años. Si esto es competencia de la Generalitat y no puede hacerlo, quién se va a encargar de las necesidades sociales del municipio si hicieran falta recursos».

También advierte que «nada indica que no se pueda realizar en otras poblaciones» un acuerdo similar que impida otorgar licencias de actividad asistencial. «Si todos los municipios realizaran el mismo proceso, se daría la circunstancia en la que la Conselleria sería incapaz de ubicar centros de atención y protección en toda la Comunitat».

Por su parte, desde Paterna destacaron que «aquí no están en entredicho los menores y sus derechos, más bien es la nula gestión de la Conselleria. Respetamos la decisión de los tribunales y seguiremos defendiendo la autonomía local frente a cualquier injerencia».

Fuentes municipales añadieron que «nos preocupa que la Conselleria no haya iniciado la vía política y se haya lanzado a la vía judicial directamente, al más puro estilo del PP. La falta de diálogo, de coordinación y de una mala gestión ha hecho que aspectos fundamentales se vean tratados en los juzgados, algo que no compartimos». Por todo ello, «invitamos a la Conselleria a que dialogue y gestione más y, sobre todo, que se coordine con el resto de administraciones porque los menores lo necesitan».