Catarroja pide a la Mancomunitat que paralice las multas de los fotorrojos

En este sentido, ha solicitado al ente comarcal que «paralice cautelarmente el proceso sancionador hasta que se decida si se puede rescindir el contrato con la empresa concesionaria, sin que ello suponga una importante indemnización». Esta sentencia es fruto de la actuación del propio Consistorio catarrojense que presentó un recurso ante el Tribunal Supremo para que aclarara cuál es la doctrina jurídica adecuada después de que varios juzgados de lo Contencioso-Administrativo emitieran sentencias contradictorias en relación a los recursos presentados por los conductores sancionados.

El equipo de gobierno se muestra «satisfecho» porque «hay motivos suficientes para estudiar la desconexión de las cámaras y la rescisión del contrato con la empresa concesionaria, después de que ésta haya incumplido reiteradamente los requerimientos del Ayuntamiento».

El recurso de casación es sólo una de las iniciativas de las acciones que el equipo de Gobierno realizó, desde que en junio de 2015 tomó posesión y se encontró con un contrato firmado en 2014 a través de la Mancomunitat para instalar seis cámaras que, sin previo aviso, comenzaron a generar miles de denuncias por saltarse los semáforos en rojo.

A partir de ese momento, el Ayuntamiento pidió informes a diferentes organismos para aclarar si el sistema necesitaba controles metrológicos. Ninguno avaló la rescisión del contrato con la concesionaria, ya que los dispositivos fotorrojos «están excluidos del ámbito del control metrológico del Estado», tal y como certificó en junio de 2016 el Centro Español de Metrología.

El Ejecutivo solicitó reiteradamente a la empresa que redujera el número de cámaras y modificase su ubicación, tal y como prevé el contrato y que «no cumplió», por lo que intentó rescindir el contrato, pero no es posible sin tener que pagar una importante indemnización.

Por otra parte, el alcalde, Jesús Monzó, dejó de firmar las sanciones ante la disparidad de criterios de los juzgados, pero, un informe de la secretaría municipal advirtió que esta decisión no se ajustaba a la ley. La opción que sí se llevó a cabo fue ampliar el tiempo en que los semáforos están en ámbar para reducir las sanciones.

Desde Guanyar Catarroja-EU advierten que «llevamos más de dos años incidiendo en que las multas podían no ser legales y proponiendo que se solicitaran informes». Además, añaden que el Ayuntamiento «ha obtenido una gran fuente de ingresos con estos dispositivos, en el presupuesto de 2018 han vuelto a prever cerca de medio millón de euros más, siendo conscientes de la anulación de varias multas y manteniéndose indiferente ante la indefensión de los ciudadanos frente a estas sanciones». La formación avanza que «vamos a solicitar los informes pertinentes y que se habilite la partida necesaria para devolver cada euro de estas sanciones».