El adiós definitivo a los fotorrojos

El contrato para detectar la infracción de pasar un semáforo en rojo a través de cámaras, que finaliza hoy, se firmó en la anterior legislatura por la entonces presidenta de la Mancomunitat de l'Horta Sud y alcaldesa de Catarroja, Soledad Ramón, con una empresa privada y a él se adhirieron cinco municipios y un sexto, Quart de Poblet, que las retiró al poco de instalarlas.

La controversia que ha rodeado esta iniciativa a lo largo de todo este tiempo se ha resuelto con la caducidad del contrato con la mercantil que gestiona las multas y que se ha llevado un 20% del dinero recaudado. Ni los intentos desesperados de los ayuntamientos afectados, ni los recursos de los sancionados en los tribunales han conseguido frenar la oleada de multas en la que Catarroja encabeza el ranking con más de la mitad del global y seis cámaras.

En estos cuatros años, Catarroja se lleva la palma con 34.713 sanciones y una recaudación de 2.447.680 euros, le sigue Sedaví con 13.710 multas y 1.047.881 euros, y Massanassa con 8.376 y 629.931 euros recaudados. Luego están, Picanya con 6.508 sanciones y 464.164 euros y Beniparrell que alcanza las 1.232 multas con 90.311 euros.

En este último municipio hay meses en los que no se registró ni una multa, al igual que en Massanassa mientras que en otros como Catarroja, se han producido picos de hasta 953 mensuales, dejando al margen los primeros meses en los que se superaron las 3.000.

Y es que en los casos de Catarroja, Sedaví y Beniparrell a los nuevos equipos de Gobierno que acababan de asumir la alcaldía y desconocían la firma del contrato, les llegó de sopetón el aluvión de sanciones y las cientos de reclamaciones.

Beniparrell, se negó a las exigencias de la mercantil a cortar las ramas de la palmera que interfería en los fotorrojos y así ha estado hasta ahora, y Quart de Poblet tomó la decisión de no ponerlos en marcha, arriesgándose a pagar una indemnización a la firma.

En Catarroja el Ejecutivo tomó acciones como señalizar las cámaras convenientemente y se alargó el tiempo en el que el semáforo cambia de ámbar a rojo. También se solicitó el cambio a otros puntos con menos tráfico pero nunca se llevó a cabo, incluso el alcalde, Jesús Monzó, renunció a firmar las sanciones, cosa que tuvo que desestimar porque incurría en un delito. El Ayuntamiento interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo para buscar una razón con la que rescindir el contrato y declararlos ilegales pero fue desestimado. Por su parte, la Mancomunitat emitió un informe jurídico que aconsejaba dejarlo como estaba y evitar el desembolso que hubiera supuesto para los municipios indemnizar a la empresa. Su presidente, Carlos Fernández Bielsa, confirmaba hace unos días el compromiso de eliminar una de las decisiones más polémicas del anterior equipo de Gobierno del PP y su apagado definitivo.