Paterna aprueba ser ciudad libre de expulsiones escolares con el voto en contra del ejecutivo

Paterna se acaba de declarar ciudad libre de expulsiones escolares. El pleno sacó adelante, con los votos en contra del gobierno en minoría de Juan Antonio Sagredo, la moción presentada por el grupo Compromís, con el respaldo de PP, EU y Podemos.

La resolución, que pretende evitar la expulsión de alumnos de centros escolares que han cometido alguna infracción grave, generó el rechazo frontal del ejecutivo socialista, que tachó ayer de «invasión a las competencias de la comunidad educativa» la propuesta finalmente aprobada.

Compromís explicó que aunque la expulsión es una medida correctora «ampliamente utilizada en el contexto educativo» y «las diferentes leyes educativas del Estado español determinan esta medida como una de las herramientas correctoras posibles», la formación está firmemente convencida de que se trata de una «medida coercitiva, arcaica y desprovista de toda justicia pedagógica».

La formación se refirió a una reciente alerta de la Academia Americana de Pediatría, en la que se destaca que los alumnos que son expulsados de clase o del colegio «tienen un riesgo diez veces mayor de acabar abandonando la escuela, que aquellos que nunca han recibido este tipo de castigo».

Modificar conductas

La moción refrendaba el uso de una alternativa a dicha medida punitiva, que sea capaz de reconducir al alumno infractor «para que modifique su conducta».

Para ello, proponen analizar e implantar «las medidas alternativas a la expulsión que conduzcan al alumno infractor hacia el desarrollo de conductas positivas como, por ejemplo, aulas de convivencia dentro de los colegios, prestación de servicios a la comunidad escolar coherentes con las edades del alumnado infractor, convenios de colaboración con entidades e instituciones locales de carácter social o humanitario para que contribuyan a la tarea de prestación de servicios externos a la escuela», como medida correctora positiva.

Por su parte, el PSPV de Paterna justificó su voto en contra al «no compartir esta filosofía» y afirmar que una iniciativa de estas características «debería partir de la Consellería y no del ayuntamiento». La portavoz socialista, Nuria Campos, criticó que no se consultara al Consejo Escolar Municipal antes de llevar a pleno la propuesta «en una acción unilateral que no cuenta con el respaldo de la comunidad educativa».

El problema al que se enfrenta ahora Paterna es cómo materializar dicha resolución plenaria, sin entrar en conflicto con la potestad de los centros educativos, en los que solamente el director puede iniciar un expediente disciplinario y resolverlo.

Este procedimiento se deriva del Decreto de Derechos y Deberes del Alumnado y las normativas que regulan la convivencia en los centros educativos. Cuando la conducta de un alumno pasa a ser considerada «gravemente perjudicial para la convivencia» es cuando, en aplicación del Decreto 39/2008 de 4 de abril, se puede proceder a la incoación de un expediente disciplinario, que puede o no acabar en expulsión.

En estos casos, el consejo escolar del centro puede revisar la resolución a instancia de los padres.

Para el gobierno socialista esta medida supone dejar de lado «documentos normativos que rigen la vida de los centros, como el decreto que regula los derechos y deberes de la comunidad educativa o el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Centros Públicos, así como un documento consensuado por cada centro, como es el Reglamento de Régimen Interior de los Centros», según explicaron ayer fuentes municipales consultadas.

Campos recalcó que los propios ediles de Compromís reconocieron que los profesionales tampoco «comparten esta filosofía». También recordó que este verano, Compromís criticó «que no hubiéramos llevado al Consejo Escolar Municipal la ampliación de una partida económica en 68.000 euros para cubrir necesidades educativas específicas, y ahora son ellos quienes se saltan a la torera esta entidad, asumiendo competencias impropias».

El portavoz de Compromís, Juanma Ramón, explicó ayer que esta aprobación es «un primer paso político que ahora tiene que venir acompañado de recursos y medidas a tomar para materializarlo».

Así, señaló que «la ley dice que se puede llegar a la expulsión pero no obliga a que ese sea el único recurso. Ahora hay que trabajar la iniciativa con el Consejo Escolar Municipal para concretar recursos y altenativas. Pensamos que se pueden tomar medidas disciplinarias sin llegar a este extremo y trabajar con una nueva línea pedagógica de ayuda desde la inclusión, no la exclusión».