Archivada la causa contra Agustí y la alcaldesa de Paterna de la Zona Franca

La rueda de prensa ofrecida ayer por la alcaldesa para dar a conocer el auto. :: m. c./
La rueda de prensa ofrecida ayer por la alcaldesa para dar a conocer el auto. :: m. c.

Compromís denunció los gastos en promoción del proyecto por presunta prevaricación, lo que acabó imputando al exalcalde y cinco ediles

MARINA COSTA

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 6 de Paterna ha decretado el sobreseimiento y el archivo de la denuncia contra el exalcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, y cinco concejales, entre ellos la actual alcaldesa, Elena Martínez, por un delito de prevaricación administrativa.

La denuncia la presentó Compromís per Paterna hace casi un año, en relación a los gastos de promoción y encomienda de marketing para la Zona Franca. A raíz de la denuncia, el exalcalde y cinco concejales tuvieron que presentarse en el juzgado en calidad de imputados.

El auto afirma que el acuerdo de la junta de gobierno en el que se aprobó la encomienda de marketing a la empresa municipal Gespa «no es contrario a ley ni injusto arbitrario, pues resulta justificada y necesaria la prestación de dicho servicio».

La alcaldesa valoró el auto como «un ejemplo del mal uso que un partido político puede hacer del poder judicial» y añadió que «si por algo se ha caracterizado Compromís es por llevarlo todo al juzgado, no para esclarecer la verdad, sino para lograr una imputación y desacreditar la labor del partido con falsas acusaciones».

Para explicar el origen de la denuncia, la alcaldesa destacó que el equipo de gobierno decidió en su primera legislatura crear una empresa pública para prestar servicios municipales y uno de ellos era el de marketing. La firma se ocupó de diversos gastos relacionados con la promoción de la Zona Franca. Fue entonces cuando «Compromís denunció que el ayuntamiento no podía encomendar ese servicio a la empresa pública y se ha aprovechado de una cuestión administrativa para engañar a la población y acusarnos de corrupción, de actuar en contra de la legalidad y de hacer caso omiso a los informes de los habilitados nacionales».

La alcaldesa recalcó que esta denuncia «ha costado a este grupo de concejales un gran descrédito del cual ya nunca se nos va a resarcir. La decisión de la juez «no nos quita el hecho de que durante casi un año hemos tenido que estar defendiendo nuestra inocencia». Además del «daño moral causado», Martínez recordó que «la defensa jurídica nos la hemos costeado de nuestro propio bolsillo los concejales afectados. El ayuntamiento no se ha hecho cargo porque no sería justo que de la irresponsabilidad del grupo Compromís tuviera que hacerse cargo la ciudadanía».

El auto acaba resaltando que «el hecho denunciado no reviste caracteres de infracción criminal». Ahora, tras esta resolución cabría recurso por parte de la Fiscalía y, en este sentido, Martínez recalcó que «respetaremos cualquier decisión que se tome». Respecto al hecho de que Compromís no ejerciera de acusación particular, la alcaldesa recalcó que «sí pudo ejercerla» pero que «debía presentar un aval de 6.000 euros que no quiso aportar».

Por su parte, Compromís recalcó que aunque ahora se cierre la vía penal y el caso se archive, «no significa que no haya habido derroche de fondos públicos y que administrativamente el hecho sea impugnable. Compromís tiene la conciencia muy tranquila». También afirmó «respetar la decisión de la Justicia, pero no estamos de acuerdo con dicha decisión» y que «si no hubiéramos sido expulsados del proceso, lógicamente recurriríamos el auto, acción que esperamos que haga la Fiscalía».