Fuset mantiene oculta desde hace diez días la sanción de la Agencia de Proteccón de Datos

Así lo confirmaron ayer fuentes del grupo popular, que ha tenido que recurrir al Consell de Transparencia para tener acceso a toda la documentación, todavía sin éxito. Recordaron que en asuntos parecidos con expedientes competencia de los concejales Carlos Galiana y Sandra Gómez «no pasaron más de 48 horas para tener acceso a los papeles, lo que no sucede en esta ocasión».

La propuesta de resolución llegó el 27 de noviembre al Ayuntamiento, que tiene un plazo de diez días hábiles para presentar las alegaciones. Fuset ya dijo que recurrirán hasta llegar a los tribunales ordinarios de justicia en caso de que la sanción sea definitiva.

Con ese plazo y teniendo en cuenta que empieza a contar un día después, el próximo día 13 será el último que tendrá el Consistorio para argumentar los motivos por los que considera ajustada a la norma la realización de una encuesta a un millar de personas sobre asuntos de las Fallas pero que también incluyó preguntas sobre creencias religiosas o ideología política.

Esto se hizo sin el permiso previo por escrito de los encuestados, según detectaron los inspectores de la Agencia en su investigación de campo. De ahí que en su primer informe fechado el 9 de agosto por registro de entrada del Consistorio, se asegura que hay una presunta infracción del artículo 7.2 de la Ley de Protección de Datos.

Esta norma indica que «sólo con el consentimiento expreso y por escrito del afectado podrán ser objeto de tratamiento los datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión y creencias».

De ahí el procedimiento abierto por la Agencia, que no impondrá una sanción económica al Ayuntamiento, al quedar esto excluido por ley ante las Administraciones públicas, pero que tendría un gran efecto en la credibilidad del gobierno municipal. No en vano, el alcalde Ribó también se mostró en desacuerdo con la propuesta de sanción, para apoyar al edil Fuset en mantener cerrado el expediente hasta su finalización.

El grupo popular ha presentado también un escrito en la secretaría municipal para reclamar el acceso al expediente, además de contar con dos resoluciones del Defensor del Pueblo relativas a cuestiones de opacidad similares (concurso de la plaza de la Reina y la Fundación InnDEA). Hasta la fecha no ha recibido la notificación para poder leer el contenido de la propuesta de sanción de la Agencia.

Poco a poco se están agotando todas las vías administrativas para conocer al detalle un expediente que provocó una gran polémica incluso antes de que se conocieran las actuaciones del organismo estatal. La encuesta se realizó también en casales falleros y algunas de las cuestiones aparecidas en el informe es cómo se definían los interpelados en cuanto a creencias religiosas o preferencias políticas, al margen de preguntas sobre las Fallas y sus instituciones.