Aprobado el nuevo reglamento de los servicios jurídicos del Ayuntamiento

El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado la creación del reglamento jurídico municipal que permitirá clarificar y regular los actos que llevan a cabo las integrantes del mismo y facilitar la labor que desarrollan día a día. Este servicio jurídico municipal constituye una unidad adscrita al área de la Secretaría General con independencia funcional en sus relaciones con la administración municipal, así como con los juzgados y los tribunales.

La regulación legal de este servicio jurídico en el interior de las entidades locales no se halla establecida mediante una norma con rango de ley, de forma que con la creación de este reglamento específico se pone fin a esta situación que permite regular sus actuaciones en el ámbito jurídico y dotarlo de un instrumento más amplio para facilitar su trabajo diario.

El servicio jurídico municipal continuará integrado por la secretaria general, la tesorera municipal y la recaudadora municipal como letradas municipales y, además, contará con el apoyo de la oficina del servicio jurídico dirigida por el técnico de los servicios jurídicos. Las personas integrantes de este servicio municipal están adscritas al mismo de manera funcional, pero no orgánica, ya que desempeñan un doble papel en la organización.

La organización de este servicio se denomina matricial y conlleva en su funcionamiento múltiples ventajas, ya que la dirección jurídica de cada actuación judicial se realiza desde el inicio, el letrado ha realizado previamente las tareas de asesoramiento, tiene un conocimiento exhaustivo de los asuntos y, además, permite rentabilizar los medios personales de que disponen las administraciones locales, con un nivel alto de formación y motivación del personal implicado.

El texto aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria recuerda que este conjunto de funcionarios «conforman un cuerpo que constituye una garantía de que los intereses de las entidades locales van a ser defendidos por profesionales que conocen bien el ordenamiento jurídico, así como el funcionamiento de su administración».

Además, subraya que los letrados públicos locales «defienden la neutralidad política en el ejercicio de sus funciones, la salvaguarda de los intereses públicos, la diligencia y profesionalidad, el acatamiento del ordenamiento jurídico que se traduce en el cumplimiento de la legalidad».

Además, la propuesta para la creación del reglamento regulador del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria añade resalta otras características del servicio jurídico municipal como «la cercanía con los funcionarios y personal de su misma entidad local pertenecientes a otros servicios o la proximidad con los cargos y representantes de las corporaciones por razón de los asuntos que deben informar o defender ante juzgados y tribunales y permite a los letrados tener una visión muy concreta y exacta de la corporación local».

El servicio jurídico municipal se estructurará a partir de ahora en una Junta de Letradas que asume las funciones de representación procesal y asistencia letrada en juicio en materia contencioso-administrativa y, por otra parte, en la Oficina del Servicio Jurídico a la que le corresponde la gestión administrativa y la asistencia a la Junta de Letradas, así como el seguimiento de los servicios de coordinación administrativa y la asistencia a dicha Junta Consultiva.

La Oficina del Servicio Jurídico de Riba-roja de Túria estará dirigida por el técnico de Secretaría, Contratación y Servicios Jurídicos, con el apoyo de personal administrativo, y tiene como funciones la gestión administrativa y la asistencia a la Junta de Letradas, la confección de la estadística del citado servicio y una memoria explicativa del número de procedimientos tramitados e incidentes, su situación y las resoluciones recaídas, entre otras.

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmado que este reglamento jurídico municipal «es un instrumento muy importante y válido que garantiza el buen funcionamiento y el excelente trabajo de un departamento esencial en la defensa de los intereses municipales y, por ello, de esta forma, se confirma su independencia dentro de la organización administrativa para que puedan continuar desarrollando su labor».