Un plan común agrícola contra el abandono del campo

Actualmente se espera que, con la nueva Ley de Estructuras Agrarias, esta dinámica se revierta al facilitar el acceso a la tierra por parte de los jóvenes y profesionales que se sumen al sector. Y mucho tiene que ver en esto la posibilidad de una gestión común de tierras, modelo que en la Comunitat ya se está aplicando con buenos resultados. De hecho, la existencia del grupo Operativo Innoland, creado en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural, financiado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) y por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), ayuda a sistematizar los procesos de trabajo de agricultores de cara a la gestión común de tierras.

«El objetivo Innoland es desarrollar un mecanismo de innovación social basado en la gestión de tierras para solucionar el problema de abandono y la falta de competitividad de empresas cooperativas. Para ello se proponen modelos de gestión que permitan optimizar la producción de cítricos, frutales y otras hortalizas para potenciar la comercialización de producción propia a través de las siguientes líneas de actuación» explicaba José María García Álvarez-Coque, catedrático de Economía Aplicada y Profesor de Economía y Política Agrarias en la Universitat Politècnica de València, quien añadía que «actualmente la dimensión de las explotaciones importa para conseguir un mejor precio pero también porque el mercado está demandando homogeneidad en el producto. Es por ello que las cooperativas tienen un papel fundamental en el futuro de la agricultura». Además, no solo se hace para rentabilizar las explotaciones sino «es una forma de proteger y conservar el paisaje ya que el abandono de las tierras influye negativamente».

En la Comunitat se han puesto en marcha diferentes iniciativas que ya están recogiendo sus frutos como por ejemplo la Cooperativa San Vicent Ferrer de Benaguasil en Valencia y la Cooperativa Agrícola de Pego (Coopego) en Alicante.

Fue en 2015 cuando la Cooperativa San Vicent Ferrer de Benaguasil se lanzó a poner en marcha la gestión común de tierra como «forma de lograr una producción planificada en cítricos logrando así ajustarnos a las demandas del mercado logrando unos mejores precios y mejorando los recursos de los que disponemos», apunta Pepe Navarro, presidente de la Cooperativa San Vicent Ferrer de Benaguasil.

Entre las diferentes formas de gestión común de tierras que existe, esta cooperativa optó por la cesión. Fue en 2017 cuando comenzaron a hacerse cargo y a poner en practica esa planificación. «En estos momentos gestionamos 560 hanegadas y durante este año sumaremos unas 140 más. La cooperativa se hace cargo de estas tierras bajo el modelo de cesión y planificamos junto a ellos la producción. Realizamos la inversión para reconvertir la tierra durante los primeros cuatro años, tiempo mínimo de cesión de la tierra, y a partir de que se recupera la inversión, el cediente se lleva el 50% del resultado neto. El cediente puede recuperar su tierra en el momento que quiera, si es antes de esos cuatro años deberá pagar una penalización» apunta Navarro quien ve en la agricultura un futuro alentador siempre «que se logre profesionalizar el sector, sin quedarse solo en productor sino llegando a todos los estamentos de la cadena, en este panorama tienen mucho que decir las cooperativas para lograr esa mayor rentabilidad y viabilidad que haga que los jóvenes tengan un futuro garantizado en el sector».

Por su parte, la Cooperativa Agrícola de Pego (Coopego) comenzó las gestiones hace unos años ya que desde 2012 la cooperativa estaba arrendando tierras. Fue en 2018 cuando la gestión común de tierras cobró forma definitivamente. «Desde entonces hemos incorporado unas 16 hectáreas de tierra a este modelo y estamos pendientes de lograr adherir ocho o nueve más. En nuestro modelo, la cesión se realiza para 15 años y en nuestra planificación de cultivos estamos apostando por el aguacate ya que hemos comprobado que es un producto cuyo mercado está al alza. Se prevé que este año se comercialicen en Europa unas 650.000 toneladas», señala Pepe Pastor, presidente de Coopego.

Desde la cooperativas hay tres líneas de actuación, según apunta su presidente, «en la primera la cooperativa arrienda la tierra y son los propietarios los que también las trabajan bajo las directrices de la cooperativa; en la segunda se cogen las tierras abandonadas y la cooperativa introduce la línea de trabajo en función de las líneas de consumo y una tercera en la que se apoya a los jóvenes agricultores y se les hace un acompañamiento».

Lo cierto es que el futuro del campo valenciano pasa por muchos factores y uno de ellos es el apoyo y la protección de la administración pública. El pasado mes de marzo, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicaba la Ley de Estructuras Agrarias para establecer un nuevo marco general con el objetivo de que impulse las estructuras agrarias de la Comunitat.

Cabe señalar que este nuevo marco normativo integra la normativa preexistente, tanto autonómica como estatal, y actualiza aspectos no contemplados en las leyes en vigor, favoreciendo la movilidad de la tierra, definiendo el suelo agrario infrautilizado y ofreciendo alternativas para su uso sostenible. Dentro de este último punto se contemplan la creación de una red de oficinas gestoras de tierras, que consolida y apoya a las experiencias de bancos de tierras existentes. Además, prevé la constitución de la red de tierras que contribuirá a contactar la oferta y la demanda de parcelas agrarias y movilizar suelo. Entre otras iniciativas que contempla están las herramientas de planificación e información para las políticas agrarias tales como son los mapas agronómicos; un plan de actuación sectorial; los parques agrarios; o la figura de la Iniciativa de Gestión en Común.

A esta última iniciativa se podrán acoger las explotaciones asociativas o agrupaciones de explotaciones con voluntad unitaria para poner en marcha un plan de gestión de cultivo en común que, en consecuencia, podrán verse beneficiadas por las medidas de reestructuración y beneficios fiscales.

El sector agrícola valenciano se mostraba satisfecho por la publicación de la nueva normativa pero, tal y como reclamaban desde Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana ésta debe ir acompañada «de un desarrollo normativo posterior y de una dotación presupuestaria adecuada para que sea un instrumentos de verdadera utilidad para el sector agrario valenciano».