Oltra paga otros 7 millones por servicios sin contrato en vísperas del 28-A

Los seis expedientes de la conselleria de Igualdad suman un total de 7.101.665 euros. De hecho, los otros seis expedientes -dos de Agricultura, otros dos de Transparencia, uno de Economía y otros de Hacienda- no llegan a sumar 90.000 euros, de manera que se constata la proverbial capacidad del departamento que dirige la líder de Compromís para tener que echar mano de este recurso, consecuencia en muchas ocasiones de problemas derivados de la gestión del día a día de esta área.

El último informe de la Intervención de la Generalitat, correspondiente al ejercicio de 2017 y elaborado a partir de las conclusiones propuestas por las intervenciones delegadas, señalaba que de los 5.253 millones de euros en pagos efectuados por la administración autonómica a lo largo de todo ese ejercicio -pagos correspondientes a deuda comercial en los capítulos II, IV y VI del presupuesto-, 1.167 se tramitaron mediante este procedimiento. Intervención señala que esa circunstancia hace pensar que este procedimiento «se utiliza con mayor frecuencia de lo excepcional como solución procedimental para el pago de facturas carentes de los requisitos necesarios para su abono por el procedimiento ordinario».

De esos 1.167 millones, continuaba el informe de la Intervención, la gran mayoría correspondían a la conselleria de Sanidad, por razones vinculadas al elevado número de centros con capacidad de compra, la infinidad de proveedores, los gastos repetitivos y los lotes muy grandes. Pero tras ese departamento aparecía la conselleria de Oltra, con 102 millones de euros. Intervención no citaba explícitamente a ese departamento aunque advertía de que, en ocasiones, se había recurrido a esos expedientes por «la ausencia de una planificación adecuada para que la licitación de los nuevos contratos concluya con la antelación suficiente que permita concatenar la vigencia entre el contrato que finaliza y el que comienza».

Desde el PP valenciano se ha venido censurando de forma reiterada este procedimiento al entender que constituye una artimaña para aprobar un contrato a dedo, «esos que tanto criticaba Oltra cuando estaba en la oposición». El enriquecimiento injusto se abona a la empresa que ya ha prestado la obra o servicio y después de haberlo hecho.