Mateo sostiene que no prevaricó y se escuda en los informes técnicos

El concejal de Empresa y Empleo, Luis Ángel Mateo, acudió ayer al juzgado de Instrucción número 2 de la Ciudad de la Justicia para declarar ante el juez por un presunto delito de prevaricación administrativa, a raíz de una querella admitida a trámite el pasado mes de diciembre.

El querellante, José Tormo, presidente de la Asociación de Afectados por el Ruido de Elche, acusa, a título personal, al edil de incumplir una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en la que se insta al Ayuntamiento a la clausura de un conocido local de ocio situado en la calle Maestro Albéniz, en el inmueble en el que Tormo tiene una vivienda. «Todo el trámite que se ha llevado a cabo en el expediente son propuestas de los técnicos municipales que, por supuesto, yo he asumido porque no existe ninguna irregularidad», explicó el concejal a la salida del juzgado.

El establecimiento permaneció durante un corto periodo clausurado por las repetidas quejas vecinales, aunque el Ayuntamiento autorizó su apertura de nuevo «debido al perjuicio económico que se estaba causando al a empresa», explicó la letrada de José Tormo, Manuela Navarro. Según añadió, el levantamiento del cierre se produjo desatendiendo los informes de la Policía Local, que indicaban que el local «estaba manipulando a su antojo el limitador de sonido».

La letrada, que estuvo presente durante la declaración de Mateo ante el juez, aseguró que el edil basó su defensa en «palabras evasivas», ya que, además de escudarse en los técnicos municipales, «evitó contestar a muchas de las preguntas que planteamos».

No obstante, según explicó ayer el edil, el local de ocio cuenta con una auditoría realizada por un organismo de control autorizado (OCA). Razón por la que la licencia de apertura está en orden y en la que basa el incumplimiento de la sentencia del TSJCV sobre un local que lleva 16 años de denuncias por sobrepasar el ruido permitido. «Yo no soy ingeniero y, por lo tanto, no sé interpretar un estudio acústico», afirmó Mateo.

La nueva licencia, otorgada durante la actual legislatura, es la baza en la que se escuda el Ayuntamiento para permitir la actividad, pese a que existe una sentencia en contra del TSJCV. «La licencia se dio para eludir la sentencia», explicó Navarro.

«La empresa aportó toda la documentación técnica correspondiente, que según los técnicos municipales era la correcta, y no cabía otra cosa que revocar el decreto de clausura», explicó Mateo. Añadió que de lo contrario «estaríamos precisamente prevaricando, ya que si tienen toda la documentación correcta y nosotros mantenemos la clausura, sería lo incorrecto».

Mediciones sorpresivas

Ante los medios de comunicación presentes en el juzgado, el edil afirmó que Tormo se negó a que los técnicos realizasen mediciones en su vivienda para comprobar si el establecimiento sobrepasaba los decibelios permitidos. Una cuestión que la letrada defensora no negó, aunque sí matizó. «Las mediciones deben ser sorpresivas y desde el Ayuntamiento pretendían que el local de ocio estuviese al tanto de las mismas», explicó. Asimismo, según informó, en una primera instancia pretendían realizar las comprobaciones durante el día y no por la noche. «Se fundamentan en que nos negamos a realizar la auditoría acústica», explicó Navarro, quien afirmó que en este tipo de procedimientos «carece de sentido» que se avise a los dueños del local porque evitarían que el ruido superase el límite permitido para cumplir con los parámetros establecidos.

Por otro lado, el Ayuntamiento y el dueño del establecimiento, hacia los que también va dirigida la querella, también prestaron declaración ante el juez. Así, según Navarro, el propietario aseguró desconocer la problemática acústica que genera el establecimiento, aunque desde la comunidad de vecinos se le ha informado reiteradamente.

El proceso judicial sigue su curso y, aunque todavía está por determinar la fecha, los próximos en declarar serán los dueños del establecimiento, quienes se enfrentan a un delito por lesiones y a otro por contaminación acústica.

El edil, además de basar su actuación en los informes de los técnicos municipales, aseguró que «desde el equipo de gobierno estamos realizando muchísimas actuaciones contra la contaminación acústica». Es por eso que, a la salida del juzgado, citó el Plan Acústico Municipal aprobado el pasado año y el Plan de Acción desarrollado desde la Concejalía.

Así, explicó Mateo, «los locales de ocio deben aportar ahora un estudio acústico a través de una OCA, deben tener todos limitadores de sonido y estos estarán conectados en un futuro a la Policía Local». Medidas encaminadas, según el edil, «a conciliar la actividad económica con el derecho al descanso».