Mateo contraataca y anuncia querellas contra la oposición y dos internautas por difamarle

La tensión y las descalificaciones marcaron la sesión plenaria de ayer, a la que asistió numeroso público ante la expectación generada por las peticiones de dimisión al concejal de Empresa y Empleo, Luis Ángel Mateo, tras votar en el Pleno de octubre a favor de la urbanización de un sector de la Peña de las Águilas en el que su familia tiene terrenos.

El edil pidió la palabra en el último punto del orden del día, en el apartado de ruegos y preguntas, cuando la sesión llevaba dos horas y media en marcha y el secretario había desestimado, en un informe, su comparecencia -y la de la alcaldesa-, solicitada por el PSOE para que diera explicaciones públicas sobre el asunto.

La primera edil decidió realizar un receso de cinco minutos justo antes de que el concejal interviniera. Este no habló de su dimisión -que él mismo anunció en Facebook, aunque sin fecha-, sino que comenzó su alocución haciendo referencia al informe jurídico que, momentos antes, leyó el coordinador de Ordenación Urbana del Ayuntamiento, Lorenzo Quiles, y reiteró que «lo que se aprobó era iniciar los trámites; es decir, pasar un papel de una mesa a otra».

Dicho esto, anunció que se ha querellado contra los dos portavoces de la oposición y la edil no adscrita -quienes insistieron durante la sesión en pedir su dimisión- «por dañar mi imagen y mi honor». Les llamó «mentirosos» y les advirtió que «en 48 horas» recibirían un burofax con la notificación judicial correspondiente. Mencionó, ante los asombrados estudiantes del instituto Sixto Marco que acudieron a la sesión, que también ha llevado a los tribunales a dos personas «que no conozco» por descalificarle en las redes sociales y que está sopesando emprender acciones legales contra el portavoz adjunto del PSOE, Héctor Díez.

El primer lugar se refirió al portavoz del grupo municipal socialista, Antonio Rodes, a quien espetó que «nunca se muerda la lengua porque se envenenaría, lo que lleva en la sangre es veneno» y le calificó de «mala persona».

Acto seguido se dirigió a su excompañera y edil no adscrita, Cristina Martínez, a quien llamó, de forma sarcástica, «la Robin Hood de la sanidad» y «la voz del pueblo, aunque debería decir la voz que miente al pueblo». La acusó de haberse valido de artimañas, cuando era concejal de Recursos Humanos «para colocar a su hermano [el actual diputado Santiago Martínez] al frente del Pacto Local por el Empleo con un sueldo de más de 3.000 euros al mes».

Esta acusación hizo estallar a Martínez, quien llamó mentiroso a Mateo, interrumpió varias veces al concejal y aseguró que dispone de una grabación en la que el máximo responsable del proceso de selección del personal afirma desconocer el parentesco entre ambos, una vez ya había concluido el proceso.

Mateo prosiguió haciendo referencia a la destitución de Martínez como directora de Atención Primaria, lo que llevó a la edil a asegurar que se verían en el juzgado, y también con la alcaldesa, que le llamó al orden varias veces. La concejal replicó que le apartaron de ese cargo, en Recursos Humanos, porque se negó a ascender a la esposa del concejal de Hacienda, Manuel Latour, y aseveró que dispone de grabaciones desde el año 2011 «para poder defenderme ante tantas mentiras».

Mateo también cargó las tintas contra el portavoz del Partido de Elche, Jesús Pareja, a quien acusó de llevarse 82.000 euros «cobrados supuestamente de forma irregular» al compaginar su puesto en el Ayuntamiento con su trabajo en un despacho de abogados, pese a tener dedicación exclusiva.

Al finalizar su comparecencia, la alcaldesa levantó la sesión, pese a las insistentes peticiones de los concejales de contestar al popular por alusiones. Precisamente Alonso y Rodes tuvieron un enfrentamiento momentos antes, cuando se discutía sobre el informe que rechazaba la comparecencia de Mateo para hablar del sector de Peña de las Águilas y de Alonso para dar explicaciones de la reestructuración del equipo de gobierno. Este último denunció que fue «un Pleno mordaza» y criticó que los informes sobre el sector «no puedan ser contestados».