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Jueves, 1 de enero 1970
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El presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, no fue informado por el tribunal de la trascendental sentencia dictada el pasado martes, y conocida este jueves, sobre el pago del impuesto de la hipotecas, que supuso un cambio en la jurisprudencia que venía aplicando hasta la fecha el Alto Tribunal, según la cual el sujeto pasivo era el responsable de abonar el impuesto en las escrituras notariales de préstamo con garantía hipotecaría y no la entidad bancaria en su calidad de prestamista.
Según han señalado fuentes del Supremo, la decisión del tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, formada por seis magistrado y presidida por Nicolás Maurandi, no fue comunicada al presidente de la Sala, que se enteró «por la prensa» de la resolución, cuyo ponente fue el magistrado Jesús Cudero.
Esta evidente falta de comunicación entre los integrantes de la Sección Segunda y Luis María Díez-Picazo provocó el malestar de éste. Las citadas fuentes han afirmado que de haber conocido la sentencia y el «giro radical» en el criterio jurisprudencial que adoptaban sus compañeros hubiera elevado de inmediato al Pleno el debate sobre la confirmación o no del mismo. El citado Pleno está conformado por los 31 integrantes de la Sala Tercera.
Sin embargo, el presidente hizo uso de sus facultades y tomó esta decisión hoy, 24 horas después de que la resolución supusiera un auténtico terremoto en el sector bancario, que ha estimado la repercusión en varios miles de millones, y los cientos de miles de ciudadanos hipotecados que se habrían beneficiado en caso de que la sentencia de la Sección Segunda -que contó un solo voto particular de los seis en liza- hubiera tenido efectos inmediatos.
Esto es, las citadas fuentes han rechazado que esta falta de comunicación se deba a una posible rebelión o al malestar por parte del tribunal sentenciador contra su presidente, que llegó al cargo hace tres años con los votos favorables de 12 de los 21 vocales del Consejo General del Poder Judicial nombrados por el Partido Popular. Díez-Picazo sustituyó a José Manuel Sieira, muy querido entre sus colegas en el tiempo en el que duró su único mandato. Éste obtuvo ocho votos, pero no tuvo el respaldo del presidente Tribunal Supremo Carlos Lesmes para presidir la Sala Tercera, competente para juzgar los actos del Gobierno, que apoyó al primero.
De cualquier modo, haya habido o no intencionalidad, el mayor perjudicado de este embrollo ha sido Díez-Picazo, cuya tardía respuesta ha dejado en mal lugar la imagen del Alto Tribunal como máximo exponente y defensor del principio de la seguridad jurídica.
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