«Hay que expropiar suelo para construir vivienda en Valencia. Aunque suene maldito, no hay otra salida»

Y es que en este espacio de diálogo que ha tenido lugar en el Palacio del Marqués de Malferit, titulado 'El promotor inmobiliario como motor transformador en las ciudades', se ha puesto sobre la mesa un mensaje común, «si el suelo no se pone a disposición, no puede haber política de vivienda», y una pregunta: «En Sagunto se expropiaron cinco millones de metros cuadrados para una multinacional sin problema alguno. Si eso se hizo para industria, ¿por qué no hacerlo para vivienda?».

Los datos refuerzan el diagnóstico: «Sólo en el área metropolitana de Valencia, que concentra el 50% de la economía autonómica, existe un déficit estimado de 18.000 viviendas, que podría dispararse insosteniblemente si no se actúa con urgencia», ha apuntado Escribano. Una falta de oferta que ya está teniendo consecuencias directas sobre las empresas que busquen instalarse en la región, pues se encuentran sin opciones de alojamiento para sus trabajadores. «¿Si una empresa quiere traer 2.000 empleados, dónde van a vivir? Sin vivienda, la ciudad colapsará», ha advertido el arquitecto.

Una necesidad de acción más decidida que ha sido compartida por el resto de ponentes, que han coincidido en el diagnóstico del momento crítico que atraviesa la Comunitat. Vicente Llácer, consejero delegado de Ática, ha sido tajante: «Estamos en una situación de emergencia nacional y los promotores sabemos de esto, pero los políticos no nos escuchan. Si queremos un modelo de ciudad con vivienda, hay que construirla. Hace falta valentía, dinero y dejarse de tabúes».

Además, ha insistido en que la falta de suelo calificado y la lentitud administrativa han frenado durante años la promoción de vivienda protegida: «No se han hecho más porque no ha habido suelo disponible. No hay riesgo comercial, pero necesitamos suelo y seguridad jurídica». Un hecho que duele aún más si se echa la vista al pasado, pues «hemos pasado de construir 58.000 viviendas en los noventa a sólo 2.200 en toda la última década», ha apuntado Escribano. Un contraste que, según los promotores, explica buena parte del problema actual: «Han hecho todo lo posible para que no haya vivienda».

En la misma línea se ha expresado Agnès Noguera, consejera delegada de Libertas 7, quien ha reclamado un cambio estructural en la manera de planificar el crecimiento urbano. «Los promotores no podemos crear el suelo. La autoridad tiene que decidir qué ciudad quiere y actuar en consecuencia. No podemos seguir con parches», ha advertido. Por otro lado, también ha defendido que la VPO de alquiler sea verdaderamente pública y que no se repita el error de permitir su venta: «Con nuestros impuestos hemos hecho lucrarse a mucha gente. Las políticas cortoplacistas nos han llevado a donde estamos».

Por otro lado, para la empresaria, la actual política de vivienda «no es amable con el propietario» y desincentiva el alquiler —«hoy es más caro alquilar que comprar y eso no tiene sentido; si no hay confianza, la gente no pone su piso en el mercado»—, y ha abogado por una política migratoria más pragmática que facilite la incorporación de mano de obra al sector: «Si no se legaliza a más inmigrantes, no vamos a tener trabajadores suficientes para construir lo que hace falta».

La mesa ha coincidido también en la necesidad de recuperar la colaboración público-privada y dotar de una visión metropolitana a la planificación urbana. «La vivienda no puede depender solo del término municipal —ha apuntado Llácer—. La solución pasa por toda el área metropolitana». En esa misma línea, Escribano ha reclamado «una autoridad metropolitana real» capaz de coordinar equipamientos y transporte, recordando que Valencia lleva todo el siglo sin ampliar su red de metro, más allá de pequeños tramos, y que el crecimiento de la ciudad «no puede seguir limitado por la falta de infraestructuras».

El tono ha oscilado, durante la hora y media que ha durado el encuentro, entre la autocrítica y la reivindicación. «La imagen del promotor está denostada y puede que nos lo hayamos ganado», ha admitido Llácer, si bien ha dejado claro que «ahora toca curar esa imagen, atraer talento joven y recordar que somos un sector productivo que genera empleo y desarrollo. Si queremos ofrecer viviendas más baratas, el suelo tiene que ser más barato y las regulaciones, menos asfixiantes».

También se ha puesto el foco en los nuevos hábitos de vida y las preferencias de vivienda. «La sociedad pide pisos más pequeños, de unos 75 metros cuadrados, pero desde el Ayuntamiento nos obligan a hacerlos grandes», ha criticado Llácer. Escribano, por su parte, ha animado a «perder el miedo a las densidades» y apostar por un modelo de ciudad compacta, con mayores alturas y calles con vida: «Las ciudades por las que nos gusta pasear son densas, con edificios altos y actividad en las calles. No pasa nada por hacer torres de 12 o 14 plantas en determinadas zonas. Lo que no puede ser es que sigamos construyendo bloques aislados en medio de la nada».

Una gestión del suelo que ha sido, precisamente, el hilo conductor de la jornada, sobre la que los participantes han coincidido en que el marco legal actual —en vigor desde 2013— ha convertido la urbanización en un proceso «de décadas» y, según Escribano, «la empresa privada nunca ha sido el problema, sino la solución. Lo que necesitamos es una legislación que permita actuar y no que bloquee la promoción».

Finalmente, el cierre del acto ha servido para enviar un mensaje compartido: la vivienda requiere unidad política, coraje administrativo y colaboración real entre el sector público y el privado. Y que, además, sólo con una estrategia común será posible afrontar el déficit de vivienda acumulado y evitar que la Comunitat pierda competitividad frente a otras regiones más ágiles. «Los promotores no pedimos privilegios, pedimos que se nos escuche y se actúe con visión de Estado», ha concluido Llácer.