El Consell arrastra 45 millones en retrasos a las ayudas a la vivienda

Construcción de viviendas en la avenida Alfahuir. /Jesús Signes
Construcción de viviendas en la avenida Alfahuir. / Jesús Signes

La conselleria recibe una sentencia judicial que le obliga a pagar 250.000 euros en concepto de demora y teme que esta cifra se eleve

ELÍSABETH RODRÍGUEZ

Hasta 45 millones de euros quedan pendientes de pagar a beneficiarios valencianos de las ayudas a la vivienda que se quedaron sin estas subvenciones pese a tenerlas aprobadas o cuyos expedientes se quedaron sin resolver. Las bonificaciones llegan a remontarse al año 2008 y comprenden hasta 2013, cuando la conselleria de Isabel Bonig ordenó paralizar su tramitación y dejó 19.000 expedientes –estimados en 60 millones de euros– en cajas en los servicios territoriales de este departamento.

Estas bonificaciones van destinadas al alquiler, a la rehabilitación y la construcción de VPO, por lo que afectan tanto a particulares como a comunidades de vecinos o empresas. El pasado año, la Generalitat abonó nueve millones de estas ayudas que han llegado a sumar 330 millones en total, según explican desde la Conselleria de Vivienda a LAS PROVINCIAS.

Fue en 2018 cuando se comenzaron a resolver las pendientes desde 2013, pero ya en 2017 se llegaron a pagar los 240 millones correspondientes a los planes de vivienda 2005-2008 y 2009-2012. A esto hay que sumar que en 2016 se realizó el pago de las llamadas resoluciones 501, un modelo que reconocía el derecho a recibir una subvención pero condicionada a la existencia de presupuesto y que el anterior Consell no reconoció por lo que no se pudo cobrar la cantidad concedida.

De los 45 millones, aproximadamente 38 corresponden a los expedientes que Bonig paralizó y que, por tanto, se dejaron sin resolver. En concreto, ahora mismo quedan cerca de 600 por revisar. No obstante, el secretario autonómico de Vivienda y Función Social, César Jiménez, destaca que la cifra de los 38 millones puede ser inferior, ya que algunos de las solicitudes por resolver podrían no ser favorables.

Mientras que los siete millones restantes corresponden a dos lotes distintos: al de las ayudas que no se pagaron porque excedían el presupuesto o bien por falta de liquidez y, por otro lado, a las subvenciones que se reconocieron pero cuyo pago se pospuso. Sin embargo, según explica Jiménez, esos siete millones restantes son los más difíciles de gestionar debido a las complicaciones para localizar a los beneficiarios. «Aunque son expedientes que tienen reconocido el pago, es posible que el número de cuenta ya no exista y que intentes contactar con la persona pero sea ilocalizable porque se ha trasladado de país o región. Incluso casos en los que la empresa o promotora ha quebrado», señala.

Así pues, Jiménez explica que son tres las causas del retraso en estas subvenciones que se remontan a 2008. «El primer lote son las que excedieron el presupuesto marcado y, además, a lo que se añadió falta de liquidez incluso para la cantidad que estaba presupuestada. El segundo lote son las ayudas que se reconocieron pero se les dijo a los beneficiarios que se les pagaría más adelante y el tercer lote es el que se paralizó y se dejaron expedientes por resolver», resume. Del primer lote, indica, quedan cerca de 100 solicitudes pendientes de gestionar.

Miedo a indemnizaciones

Aparte del lastre que supone al Consell estas ayudas atrasadas, las consecuencias de los retrasos pueden ir más allá. Y es que, la conselleria recibió a principios de esta legislatura una sentencia judicial que le obliga a pagar 250.000 euros en concepto de demora. «Esto nos partió y no sabemos si pueden llegar más», admitió el secretario autonómico.

A esto hay que añadir la escasez de personal que sufre el departamento dirigido por Rubén Martínez Dalmau, que sólo cuenta con una persona para gestionar cuestiones jurídicas y que, además, debe encargarse del desarrollo del reglamento de la ley de la Función Social. Cabe recordar que una de las medidas más destacadas de la norma es la de multar a grandes propietarios –aquellos con más de diez propiedades– que tengan inmuebles vacíos y, de ese modo, facilitar el acceso a la vivienda a colectivos con dificultades económicas.