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La Ley de Turismo, en riesgo de anulación por dar competencias impropias a los municipios

La Ley de Turismo, en riesgo de anulación por dar competencias impropias a los municipios

Los dueños de pisos vacacionales alertan de que la legislación estatal impide a los consistorios asumir las tareas que exige la norma valenciana

ELÍSABETH RODRÍGUEZ

VALENCIA.

Lunes, 5 de noviembre 2018, 00:43

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Los pequeños propietarios de pisos turísticos alertan de que la nueva Ley de Turismo, en vigor desde el pasado mes de julio, está en riesgo de anulación por otorgar competencias impropias a los ayuntamientos. Para ello, se basan en el informe que la Abogacía de la Generalitat emitió sobre el borrador del anteproyecto de ley, donde se indica cuáles son las competencias propias de los municipios en materia turística y lo que debería hacer la administración autonómica en caso de delegar responsabilidades.

El presidente de la Asociación de Pequeños Propietarios de Viviendas de Uso Turístico de la Comunitat (Viutur), Francisco García, explica a LAS PROVINCIAS que la norma autonómica «podría incumplir una de las leyes básicas estatales sobre la administración local» al dar a los consistorios la potestad para impedir el registro de nuevos alojamientos a través del denominado informe de compatibilidad urbanística.

«Los municipios no tienen competencias en la regulación de la vivienda turística», cuenta García, quien subraya que el informe de la Abogacía de la Generalitat alude al artículo primero de la Ley 27/2013 del 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local donde se indica que «el municipio ejercerá en todo caso como competencias propias [...] en las siguientes materias: información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local».

Los propietarios esperan el primer informe de compatibilidad negativo para ir a los tribunales

Sin embargo, con la norma valenciana, cada ayuntamiento puede ir más allá de lo que indica la Abogacía de la Generalitat al ser el responsable que dictamine, a través de su ordenamiento urbanístico, qué pisos pueden operar como alojamientos turísticos. En ese sentido, como ya han advertido en otras ocasiones las asociaciones de estas viviendas turísticas, los municipios se estarían valiendo de sus competencias en urbanismo para regular algo que está fuera de su alcance por ley, lo que ha sido calificado de «trampa» por estas mismas organizaciones. «La competencia de turismo es exclusiva de la comunidad autónoma. El uso urbanístico es una forma camuflada de darle al municipio una competencia que no tiene. Y es una forma de saltarse la declaración responsable y convertirla en régimen de licencia», afirma el representante.

Viutur anima a pedir ese permiso local para ver qué cargas conlleva y si cumple la legalidad

Además, García destaca que pasar esta competencia a los ayuntamientos tiene un coste administrativo y económico que no ha sido cuantificado. «¿Cuánto le costará a los ayuntamientos hacerse cargo del trámite de emisión de los informes de compatibilidad urbanística?», reflexiona.

Delegar con recursos

Asimismo, el informe de la Abogacía recuerda que en caso de que la administración autonómica delegue alguna competencia, deberá dotar de recursos al municipio para poder hacerse cargo de su nueva función. «La Administración que delega debe detallar los medios (financieros, humanos y materiales) que pone a disposición de la entidad local. Todo ello con la finalidad de [...] ser acorde con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera», indica el documento.

Un requisito cuestionado por dificultar la regulación

El informe de compatibilidad urbanística, ese requisito municipal que introduce la ley autonómica para poder inscribir los apartamentos turísticos en el registro de la Generalitat, suscitó críticas en el sector por generar confusión entre los técnicos de los ayuntamientos a la hora de emitirlo, hasta el punto de impedir la regularización de nuevos pisos.

Por este motivo, el PP intentó suprimirlo en Les Corts pero sólo Ciudadanos apoyó su propuesta de «consensuar una solución queponga fin al bloqueo administrativo, la incertidumbre y la inseguridad».

El portavoz de Turismo del Grupo Popular, Fernando Pastor, advirtió ya en agosto que la legalización de pisos turísticos estaba atascada por el «colapso municipal» generado por una normativa que genera confusión entre los técnicos de los consistorios sobre cómo aplicarla.

Como publicó este periódico, los propietarios de viviendas turísticas llegaron a alertar de que ese nuevo sistema aboca a la clandestinidad en el sector por el endurecimiento de los requisitos implantados por cada ayuntamiento según su interpretación de la normativa.

Según Viutur, este fenómeno se ha detectado en especial en la ciudad de Valencia, donde sólo diez personas habían solicitado a mediados de septiembre el denominado informe de compatibilidad urbanística, requerido desde julio para legalizar sus inmuebles turísticos.

Cabe recordar que el gobierno de Joan Ribó se acoge al Plan General de Ordenación Urbana de 1988, donde se determina que estos alojamientos sólo pueden estar en plantas bajas y primeras plantas. Y, de ahí, que los afectados tengan la vista ya puesta en los tribunales.

Por todo ello, la Ley de Turismo se expone a ser anulada, al menos, en la parte que otorga competencias a los ayuntamientos para regular los alojamientos turísticos. Sin embargo, tal y como indican desde Viutur, no es posible denunciar hasta que no se haya emitido un informe negativo de compatibilidad urbanística, algo que todavía no se ha producido. «Nosotros denunciaremos por este y por más motivos cuando alguien tenga un informe de compatibilidad», sostiene García, quien anima a los propietarios a que «no se autocensuren ni se frenen» a la hora de pedir el informe de compatibilidad pese a las limitaciones establecidas por el Ayuntamiento de Valencia. «Sólo si la gente pide esos informes, veremos qué cargas administrativas y económicas conllevan y se vería si incumple algún artículo de la ley de sostenibilidad», afirma.

Por último, García alerta, además, de que algunos de los informes realizados por distintos organismos de la Generalitat durante la tramitación de la Ley de Turismo no estaban disponibles en la web de la Presidencia antes de la aprobación de la norma, sino que han sido publicados a posteriori. «Todos estos informes se hicieron antes de las modificaciones con las que finalmente fue aprobada la ley», indica.

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