La Administración General del Estado pierde 20 funcionarios al día

Funcionarios trabajando en la Agencia Tributaria. /EFE
Funcionarios trabajando en la Agencia Tributaria. / EFE

CSIF reclama un nuevo pacto salarial a tres años y un plan para hacer frente a las 32.000 jubilaciones que se van a producir en cinco años

Lucía Palacios
LUCÍA PALACIOSMadrid

«La Administración General del Estado (AGE) morirá de inanición si no se actúa ya», denunció este jueves el presidente de CSIF, Miguel Borra, durante una rueda de prensa en la que pidió al nuevo Gobierno un «plan de choque urgente» a tres años para la nueva legislatura que incluya mejoras laborales y de modernización, precisamente un día antes de que se formalice el nuevo alza salarial del 0,25% para los funcionarios a partir de julio.

A juicio de este sindicato, la plantilla del Estado está «bajo mínimos» ya que en los últimos ocho años se han perdido 38.835 empleos, lo que supone unos 20 puestos menos por día. De esta forma, la AGE cuenta en la actualidad con 201.030 efectivos, marcando su mínimo histórico desde 2002, año desde el que existen datos disponibles. Pero, además, en los próximos cinco años se prevé que se jubilen unas 32.000 personas, el 16% de la plantilla, por lo que urge tomar «medidas de manera inmediata». En este sentido, CSIF reclamó un plan de recursos humanos a medio plazo para hacer frente a esa «avalancha» de jubilaciones que permita reforzar las plantillas donde sea necesario. Asu vez pidió agilizar las ofertas de empleo público pendientes y convocar las plazas de interinos, ya que –denunció–­ siendo la administración que más requisitos de acceso contempla, es «la más maltratada» en términos de salarios, efectivos, incentivos a la promoción y carrera profesional.

«O tomamos medidas rápidas o nos podemos encontrar con que no podamos ser capaces de prestar a los ciudadanos la asistencia y prestaciones requeridas», auguró Borra, que considera que serían necesarios unos 35.000 funcionarios más, aunque advierte que habría que tener también en cuenta cuál va a ser la destrucción de empleo en estos años, puesto que la edad media de la plantilla ronda los 50.

El euskera, no obligatorio

Entre las mejoras que piden al Gobierno incluir en este plan a tres años, exigieron la equiparación salarial entre administraciones y la recuperación de la estructura salarial previa a la bajada de 2010. «No es de recibo que los funcionarios de prisiones cobren mucho menos que los que trabajan en Cataluña y no es de recibo que cualquier funcionario cobre menos de lo que se cobra en el País Vasco», puntualizó Borras, que también criticó que en algunas comunidades hablar determinadas lenguas (como el catalán y el euskera) sea un requisito para poder obtener un empleo, en lugar de un «mérito razonable».

Además, el sindicato abogó por recuperar en todas las Administraciones la jornada de 35 horas semanales, así como eliminar la brecha salarial, garantizar la paridad, promover el teletrabajo y establecer permisos de paternidad de 20 semanas en 2020, al igual que en Andalucía.

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