Las tarifas de la ITV, bajo la lupa mientras crece la factura por reclamaciones de concesionarias

I. H.

valencia. Cerca de dos años después de que la justicia anulase la bajada de tarifas de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) acometida por la Generalitat en 2014, al dar la razón a la concesionaria de uno de los siete lotes en que se divide la Comunitat, los precios para los usuarios se mantienen mientras aumenta la factura de la reclamación planteada por las empresas afectadas.

Según explicaron desde la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat para la ITV (Aecova), exigen 64,5 millones a la Generalitat por lo que dejaron de ingresar entre el 1 de abril de 2014, cuando entró en vigor la bajada de tarifas, y el 18 de julio de 2018, cuando la decisión judicial se convirtió en firme, más otros 1,3 millones de euros por cada mes que pase hasta que enmiende las tarifas vigentes.

Así se lo reprochó ayer en Les Corts el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a la síndica del PP, Isabel Bonig, a quien espetó que «el terremoto de la corrupción de la derecha» llega «hasta sus últimas consecuencias», con «ejemplos» como esos cerca de ochenta millones de euros que costará a las arcas públicas esa bajada de tarifas de la ITV.

La factura seguirá creciendo hasta que se publique en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) la sentencia que anuló las tarifas y el nuevo cuadro de precios, según confirman administración y empresas. Si retoman los previos a la bajada de 2014, el coste para los usuarios subirá unos diez euros para los turismos diésel y cerca de siete para los de gasolina, correspondientes a la prueba de sonometría criticada por Compromís pero que la Conselleria de Medio Ambiente, a cargo de Elena Cebrián, se resiste a eliminar.

Desde la patronal de concesionarias remarcan que «es una prueba obligatoria por ley en la Comunitat», a la espera de que el Consell les responda si acepta su propuesta de compensarles con una prórroga de la concesión que vence en 2022 y una modificación de tarifas pactada, sin que alcancen ese nivel previo. Economía tiene medio año para contestarles y asegura que lo hará cuando la Abogacía de la Generalitat se haya pronunciado al respecto.