El Supremo tumba las tarifas de las ITV de la Generalitat en pleno debate sobre su reversión
El tribunal da una vez más la razón a las empresas concesionarias tras desestimar el recurso que defendía la bajada de precios
Nuevo varapalo judicial a la Generalitat. El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por la administración autonómica, que impuso las bajadas de las tarifas de las ITV, y ha dado la razón a las empresas concesionarias, que podrán recuperar los precios de 2013 en pleno debate sobre la reversión del servicio.
Los magistrados ratifican así la decisión tomada en su día por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Las empresas alegaban que este cambio interpuesto por la Conselleria de Economía les ha llevado a dejar de ingresar en torno a 90 millones de euros y por ello reclamaban volver a las tarifas anteriores.
También consideraban que era un movimiento que buscaba eludir una sentencia anterior ya que el proceso que ahora se ha cerrado es casi idéntico al que tuvo lugar hace unos años. La base era la misma, se buscaba cambiar las reglas del juego antes de exceder el plazo previsto.
La Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (Aecova) ganó en 2018, con otra ratificación del Tribunal Supremo de la sentencia de un año anterior, esta primera parte de la batalla judicial que inició con el Gobierno autonómico del PP por imponer una bajada de precios.
Es tras este episodio cuando se aprueban los nuevos precios ahora tumbados con el argumento de que se había encontrado la fórmula jurídica para no volver a cometer los mismos errores. Algo que no ha ocurrido.
Último año de servicio
Esta decisión tiene lugar en mitad del debate sobre la reversión del servicio de las ITV y en un momento en el que la relación entre la Generalitat y las firmas es más que tensa. La Conselleria de Economía pretende que 2022 sea el último año en el que el servicio esté privatizado y que, a partir del próximo ejercicio, lo ejerza directamente una empresa pública.
La concesión está bajo investigación en el marco del caso Erial en el que está imputado el expresidente Eduardo Zaplana. Este es el principal argumento por parte de la Conselleria de Economía que encabezan dirigentes de Compromís para no renovar las licencias que caducan. Además, alegan mediante un informe que el servicio será más económico para la ciudadanía y que incluso podría dar beneficios a las arcas autonómicas.
Los precios que estaban en vigor suponían un desembolso medio ponderado de 43,58 euros. Los mismos representaban una bajada del 22,34% respecto a los anteriores al acuerdo del Consell en 2014 (en este caso bajaban todas las tarifas) y de un 6,32% respecto a las tarifas establecidas en el acuerdo de 2014 (en este caso en general bajaban las de emisiones contaminantes de los vehículos diésel y subían las de vehículos gasolina).
Ahora se volverá a la situación previa y se aumentarán las tasas hasta que, en 2023, la Generalitat pase a asumir el servicio como está previsto. Por el momento la Conselleria de Economía no ha confirmado que esté barajando volver a modificar las tarifas tras los diferentes reproches judiciales y guarda silencio.
Hay un plazo de dos meses para cumplir el auto y, si no se aprueba alguna medida, a partir de mediados de marzo las tarifas volverán a los precios de 2013 y, por tanto, se incrementarán para todos los valencianos.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.