El Supremo libra a Unión Naval de pagar la multa por falsedad documental de un exdirectivo

Los astilleros de Unión Naval cuando estaban operativos. / j. signes
Los astilleros de Unión Naval cuando estaban operativos. / j. signes

La sentencia aprueba el recurso del astillero, que defiende que la sanción no se puede aplicar por basarse en un artículo derogado

E. R.

valencia. Unión Naval queda exenta de pagar la multa impuesta a un exdirectivo por un delito de falsedad documental. Así lo ha determinado el Tribunal Supremo, que ha dejado sin efecto la condena de la mercantil, manteniendo la de Francisco Tirado, al aprobar el recurso presentado por la compañía, donde se señalaba que la sanción establecida no se puede aplicar por basarse en un artículo que actualmente está derogado del Código Penal.

«Desde el año 2008 en que ocurrieron los hechos hasta el año en que se dictó sentencia (2017) el régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica ha sufrido cambios notables. Por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de reforma del Código Penal, se suprimió el artículo 31.2 CP , aplicado en el presente proceso, y se introdujo un nuevo artículo, por el que se estableció por primera vez en nuestra legislación penal la responsabilidad penal de las personas jurídicas», razona el escrito del Supremo.

En concreto, la sanción penal de la persona jurídica tiene su fundamento en la responsabilidad de la propia empresa por un defecto estructural en los mecanismos de prevención frente a sus administradores y empleados en los delitos susceptibles de ser cometidos en el ámbito de actuación de la propia persona jurídica. En este caso, la responsabilidad recae sobre la persona física, el exdirectivo del astillero.

Cabe recordar que la Audiencia de Valencia condenó a Francisco Tirado, a dos años de prisión por falsificar facturas para poder cobrar subvenciones por cursos de formación. No entrará en prisión. La Sala, no obstante, le absolvió de los delitos de fraude de subvenciones y de la calificación alternativa de estafa. Los otros dos directivos del astillero que se sentaban en el banquillo fueron exculpados de todos los cargos. La fiscalía reclamaba siete años de cárcel para todos los procesados por una trama delictiva para captar subvenciones. La Abogacía del Estado también ejercía la acusación en este asunto.

Los hechos se remontan a los ejercicios de 2008, 2009 y 2010. La mercantil, hoy desaparecida, obtuvo numerosas subvenciones tanto de la Unión Europea como del Gobierno central para la impartición de esta formación, según recoge el fallo. El ahora condenado modificó las facturas de un proveedor del astillero para cambiar el concepto -introducir los cursos- y poder recibir las ayudas.

No se produjo el delito de fraude de subvenciones porque no se superó la cifra de 120.000 euros al año en dos ejercicios. Los magistrados indicaron que tampoco hubo estafa porque las subvenciones se piden después de que se den los cursos, además de que la empresa sí que llegó a impartirlos.