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Lunes, 13 de mayo 2019, 13:56
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La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio estaba muy enfadada porque las empresas «no se han tomado en serio» la nueva ley de registro horario, que ya ha entrado en vigor y que obliga a todas las empresas a lleva un control de la jornada laboral de sus trabajadores. Si no lo hacen, se exponen a multas de entre 626 y 6.250 euros, en función del número de trabajadores o volumen de negocio de la compañías, pero ha sido la propia ministra la que ha abierta la puerta de la salvación... de momento.
El Gobierno dio un plazo de dos meses para que las empresas pudieran adaptarse a la ley y muy pocas lo han hecho hasta el momento, por lo que Valerio ha advertido de que«desde luego la Inspección de Trabajo va a actuar», aunque dejó caer que al menos va a dar al menos otro mes de plazo.
Al mismo tiempo ha abierto la mano a cierta permisividad en el caso de que, aunque el sistema de registro no esté instalado, se estén llevando a cabo los trámites necesarios para implantarlo. Se refiere al proceso de diálogo que se tiene que abrir entre empresa y sindicatos para fijar el método más adecuado para cada negocio, tal y como establece la ley, que es excesivamente genérica y deja en manos de la negociación colectiva el desarrollo del mismo, algo que ha generado un gran desconcierto, sobre todo en las pequeñas empresas, que son la gran mayoría, puesto que un 95% del total tiene menos de cinco trabajadores.
«Si la inspección de trabajo llega a una empresa y dice que está en fase de negociación, se dará margen de maniobra dentro del respeto a la ley para que puedan poner en marcha este registro horario», prometió Valerio, quien, no obstante, dejó claro que «la moratoria no puede ser sine die» porque el registro de jornada se aprobó en un real Decreto Ley, lo que implica que su implantación es de extrema gravedad.
La inspección va a comenzar a visitar las empresas, especialmente del sector del comercio y la hostelería, que es donde van a centrar los esfuerzos, pero de momento no impondrán sanciones si acreditan que lo estaban negociando.
El real decreto ley 8/2019, de 8 de marzo sólo explica que la organización y documentación del registro debe ser negociado con los representantes de los trabajadores (negociación colectiva o acuerdo de empresa) o, en su defecto, mediante decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa.
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