El factor de sostenibilidad y las pensiones mínimas, los otros dos escollos del Pacto de Toledo

Reunión del Pacto de Toledo, el pasado mes de junio, presidido por Celia Villalobos./Jaime García
Reunión del Pacto de Toledo, el pasado mes de junio, presidido por Celia Villalobos. / Jaime García

La Comisión trabaja para cerrar este miércoles un acuerdo sobre la nueva fórmula de revalorización, aunque cabe la opción de que no todos lo suscriban

Lucía Palacios
LUCÍA PALACIOSMadrid

Semana clave para el Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria que tiene entre sus manos el difícil reto de analizar la situación financiera de la Seguridad Social y acordar una serie de reformas para garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones. Sus miembros trabajan a contrarreloj para tratar de cerrar este miércoles -en su próxima reunión- un punto tan importante como la nueva fórmula de revalorización de las pensiones. Éste es ahora mismo el principal escollo, aunque no el único, ya que todavía no se han abordado otros dos asuntos que también generarán fricciones: el factor de sostenibilidad y las pensiones mínimas, tal y como reconocen fuentes cercanas a la negociación.

Pero primero se trata de poner punto y final a una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos: la subida de las pensiones. «No será fácil, tardaremos, pero estamos cada vez más cerca», admite a este periódico la portavoz del PSOE, Mercè Perea, que en un alarde de «optimismo» no descarta que se cierre la recomendación 2 este mismo miércoles. En realidad, esto estaba previsto para el miércoles pasado, cuando desde diferentes partidos mostraron su confianza en poder anunciar un acuerdo, pero no fue posible.

Así, en lugar de mostrar su unidad en torno a un pacto, lo que se manifestó a la salida de dicho encuentro fue una nueva confrontación, en este caso entre Podemos y PSOE, socios de gobierno. Incluso el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, amenazó con abandonar el Pacto de Toledo si desde aquí no se emite una recomendación que garantice por ley una subida mínima con el IPC. Y es que si hasta ahora ambos partidos iban de la mano en exigir esto, Podemos abandonó la reunión decepcionado ante un supuesto cambio de postura del PSOE, que estaría ahora dispuesto a aceptar una fórmula que recoja el IPC como elemento «troncal», pero abierto a que en el marco del diálogo social se incluyeran otros elementos como el PIB o los salarios. Esto es lo que defienden PP, Ciudadanos, PDeCAT y PNV, para tratar de contener la subida de las pensiones -principalmente más altas- en los tiempos de bonanza.

Aclaración del PSOE

«Quise ser conciliadora y me tacharon de tibia», se lamenta Perea, que en esta ocasión quiere dejar claro que el PSOE está «con el IPC como mínimo y siempre», es decir, bajo cualquier circunstancia económica, ya que consideran que es la única vía de garantizar el poder adquisitivo de los jubilados. La diputada catalana pide un poco de «prudencia» y explica que llegar al IPC «nos ha costado dos años», ya que no ha sido «fácil» cambiar de posición a PP y Ciudadanos. «Hay que ir poco a poco, porque venimos de donde venimos», precisa.

Ahora están trabajando en una nueva redacción que presentarán este miércoles, cuando se espera por fin cerrar este debate. «Quiero ser optimista», señala la diputada de Unidos Podemos Aina Vidal, satisfecha con que la presión que han hecho al PSOE les haya hecho recular y volver a su posición original. Por eso confía en que haya consenso, pero apunta que, en caso de no lograrlo, «votaremos y cada cual que se retrate».

Ésta parece a día de hoy la opción más probable: cerrar un acuerdo aunque no lo suscriban todos los grupos parlamentarios. «Que se va a llegar a algo, sí; que estaremos todos, puede que no», reconoce el diputado de Ciudadanos, Sergio del Campo, que resalta que siguen «trabajando fuerte» y «avanzando».

Pero, además de la revalorización de las pensiones, hay otros temas que amenazan el acuerdo en el Pacto de Toledo. Y es que el otro 'punto caliente' tiene que ver con el factor de sostenibilidad, ese mecanismo que introdujo el Gobierno de Mariano Rajoy en la reforma de 2013 para reducir las cuantías de las nuevas pensiones en función de la esperanza de vida: es decir, a mayor esperanza de vida, menor pensión. Debería entrar en funcionamiento el próximo enero, pero el acuerdo PP y PNV lo congeló hasta 2023. Y lo que parece más probable es que nunca llegue a ver la luz, ya que existe unanimidad en que hay que derogarlo, hasta el PP lo ha admitido ya. Pero donde no hay consenso es en si debe haber un nuevo factor que tenga en cuenta la esperanza de vida pero que no suponga una merma de la pensión, sino que se vincule, por ejemplo, a la edad legal de jubilación, tal y como defiende PDeCAT.

Además, otro punto de fricción llegará cuando se aborde la recomendación sobre la suficiencia de las pensiones, ya que supone fijar qué se considera pensión mínima y el umbral no es el mismo para todos los partidos, admiten fuentes parlamentarias. La tarea, por lo tanto, no es fácil y los grupos tienen por delante un duro camino para llegar a buen puerto y que por fin el Pacto de Toledo emita sus propuestas para garantizar la sostenibilidad del sistema.

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