La patronal de obra pública denuncia que Tragsa recibe contratos sin justificar

La patronal de obra pública denuncia que Tragsa recibe contratos sin justificar

La adjudicación del proyecto y ejecución de la reforma de la sede del TSJCV ha agotado la paciencia de las empresas valencianas

Álvaro Mohorte
ÁLVARO MOHORTEValencia

Una cosa es necesidad y otra abuso. Esto segundo es lo que las empresas de obra pública ven en el comportamiento de las administraciones a la hora de realizar encomiendas de obra a la empresa pública Tragsa que, en su opinión, deberían salir a licitación para que pudieran ser realizadas por compañías privadas. Así lo señala la Confederación Nacional de la Construcción a escala española y el presidente de la patronal valenciana de obra pública Fecoval, José Luis Santa Isabel, en lo que se refiere al Consell.

La función de Tragsa es realizar obras de emergencia que, por la urgencia o porque sea un servicio muy peculiar, no haya empresa privada que puedan hacer. Para Santa Isabel, eso no cuadra con la reforma de la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que el Consell encargó hace dos semanas a Tagsa. La razón alegada fue que la licitación del proyecto de la obra quedó desierto, pero el ejecutivo realizó a continuación la encomienda tanto de éste como de la ejecución en sí.

Obras cuestionadas

Reforma de la sede del TSJCV en Valencia.
El Consell adjudicó el proyecto y la obra por 25 millones de euros hace dos semanas
Túnel en cernanía de Madrid.
Adif adjudicó por 3,1 millones la conexión peatonal de las estaciones de Sol y Gran Vía
Un colegio de Arroyomolino.
La Comunidad de Madrid encomendó por seis millones que se levantara este centro educativo
Remodelación de ministerios.
La empresa pública recibió 22 millones para la reforma del Ministerio de Hacienda en Madrid
Construcción de Paradores.
El Estado adjudicó los centros de Muxía (Galicia) y Molina de Aragóin (C-LM) por 60 millones

Santa María asegura que están analizando el caso para, en cuanto tengan oportunidad, llevar a los tribunales esta tendencia que no es exclusiva de la Comunitat. El Estado le ha adjudicado a Tragsa tanto la reforma del edificio del Ministerio de Hacienda en Madrid como levantar los paradores de Muxía (Galicia) y Molina de Aragón (Castilla La Mancha); Adif, el túnel peatonal de las estaciones madrileñas de Sol y Gran Vía; o la Comunidad de Madrid, construir un colegio... sólo por citar las obras que la patronal del sector está llevando ante los tribunales para impugnarlas.

El presidente de Fecoval tiene claro que los motivos son diversos pero que muchas veces se deben a la ineficiencia de las administraciones, que ven cómo les expira el plazo para realizar la obra acogiéndose a ayudas europeas y se saltan los plazos que deberían dar en una licitación a través de estas encomiendas.

De hecho, asegura que «muchas veces las adjudicaciones se visten» para que no haya empresas capaces de presentarse y tener la excusa de llamar a Tragsa. «Lo tenemos demandado en Bruselas», señala el dirigente valenciano.

Fecoval considera que no se cumple los requisitos para ser contratado proyecto y obra, no cumple las condiciones para que la Administración lo haga con medios propio, cuestiona que Tragsa esté capacitada para edificar y entienden que atenta contra la libre competencia.