Paterna corrige el plan de Intu Mediterrani para que la Generalitat lo tramite

Paterna corrige el plan de Intu Mediterrani para que la Generalitat lo tramite

El Ayuntamiento alega contra los reparos de Medio Ambiente y eleva a más de cien metros la zona de reserva de la CV-35

Inés Herrero
INÉS HERRERO

El alcalde de Paterna, el socialista Juan Antonio Sagredo, se aferra a Intu Mediterráneo, el proyecto para construir un complejo comercial y de ocio que promete 860 millones de euros de inversión privada y unos 6.000 empleos, con preferencia de contratación para vecinos de la localidad.

Sagredo anunció ayer que el Ayuntamiento de Paterna ha presentado ya las alegaciones contra la propuesta de la Conselleria de Medio Ambiente (controlada por Compromís) de inadmitir nuevamente el proyecto, rediseñado para subsanar los reproches públicos que llevaron a la Generalitat a tumbarlo en 2016 después de cuatro años de trámites y medio centenar de informes favorables.

En un comunicado, avanzó que esas alegaciones incluyen una nueva propuesta en la que Intu, «a pesar de que no lo consideraba necesario», aumenta a más de 100 metros la zona de reserva de la CV-35. Desde el consistorio mantienen que, de ese modo, «corrige de forma definitiva la única circunstancia que hace depender este proyecto de Medio Ambiente». Es decir, que se incluye en el planeamiento del sector terciario Intu Mediterrani el encauzamiento del Barranco de En dolça.

El consistorio solicita que se le dé trámite al nuevo proyecto y sea evaluado por las administraciones correspondientes, en contra de la resolución autonómica de inadmisión a trámite del proyecto que interpreta como «un erróneo juicio evaluador» porque considera iguales dos procedimientos «legalmente diferenciados» -el inicial y el segundo, con el nuevo diseño- que requieren de «pronunciamientos ambientales individualizados».

Además, se compromete a presentar toda la documentación de la nueva alternativa para someterla a consultas preceptivas de todas las administraciones interesadas.

Por su parte, la consellera de Vivienda, la socialista María José Salvador, afirmó en un encuentro informativo que el proyecto está en el «minuto cero» de su nueva andadura administrativa y que «si se superan las alegaciones continuará su tramitación recabando todos los informes, otra vez, de todas las consellerias que tengan que informar». E insistió en que el Consell garantizará la «seguridad jurídica», ya que «son los informes de la administración los que valen».

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