Borrar
Lotería Cuatro jugadores ganan 50.630 euros con el sorteo de la Primitiva de este jueves
Parra se desvincula de un agujero de 160 millones en BdV y echa la culpa a la crisis

Parra se desvincula de un agujero de 160 millones en BdV y echa la culpa a la crisis

La Audiencia Nacional le juzga por tres grandes operaciones inmobiliarias junto a empresarios como Juan Soler y Salvador Vila o el notario Carlos Pascual

Á. MOHORTE/R. E.

VALENCIA/MADRID.

Martes, 25 de septiembre 2018, 00:40

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

El exconsejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra lo niega todo. Sentado en el banquillo de los acusados por la supuesta concesión arbitraria de créditos en tres macroperaciones inmobiliarias que causaron un quebranto a la entidad de 160,4 millones, insistió ayer en que no conocía el detalle de los proyectos porque ni autorizaba los créditos que recibieron ni las renovaciones, que fueron aumentado el impacto final de su impago como una bola de nieve. ¿Por qué se perdió con ellas todo ese dinero? Por culpa de la crisis y de nadie en concreto, defendió.

«No soy quien plantea las operaciones, ni decide cuándo, ni con los papeles que se piden», reiteró en varias ocasiones durante la vista oral cuando el fiscal Conrado Sáiz quería saber su nivel de conocimiento de los negocios inmobiliarios. En concreto, el tribunal que preside la magistrada Concepción Espejel debe juzgar las operaciones Nou Litoral, Valenciana de Viviendas y Faverche Desarrollos, las cuales sientan también en el banquillo al exdirector de Sociedades Participadas Inmobiliarias de la entidad Alfonso Monferrer; además de a los empresarios Salvador Vila, expresidente de la patronal valenciana del sector; Juan Bautista Soler, también expresidente del Valencia C.F.; Fernando Polanco y su mujer, Teresa Villalba; y el notario Carlos Pascual, aunque no por su actividad como fedatario público.

Con vehemencia remarcó que él era miembro clave en el consejo de administración de Banco de Valencia, pero que no fue el «ponente» que expuso esas operaciones ni las defendió para que se ratificaran en ese órgano de gobierno.

En su declaración ante el fiscal, que se ha prolongado durante dos horas y media, Parra explicó que en aquellos años los proyectos financieros de más de 1,8 millones de euros debían, tras pasar por el comité de riesgos de la entidad, ser «reportados» ante la comisión ejecutiva para su aprobación definitiva. Aunque también reconoció que ciertas operaciones «con carácter de urgencia» eran autorizadas antes de pasar por la comisión. En cualquier caso, el exdirectivo de Banco de Valencia insistió en que él no estaba en el detalle de estos casos, por lo que no conocía los pormenores de cada proyecto. «Yo era el consejero delegado del banco, no hablaba con la tasadora», reiteró.

El FROB calcula que Nou Litoral provocó a la entidad un quebranto de 83,2 millones de euros; Valenciana de Viviendas, de 47,4 millones; y Faverch, de 29,8 millones. El fondo de rescate indicaba en su querella que se trató de «operaciones de financiación verdaderamente ruinosas para la entidad, con la intención de obtener un lucro para los diversos 'socios' del banco y generando un perjuicio evidente para Banco de Valencia».

Sin embargo, el ex consejero delegado discrepó en este punto cuando el fiscal le estaba preguntando por una de las tres operaciones, concretamente Valenciana de Viviendas. En su opinión, «el valor de los bienes inmobiliarios sube y baja, y más en los tiempos de crisis» en los que tuvieron lugar estos proyectos, pero que «lo importante es ver si cuando se tomó la decisión se hizo lo mejor para el banco».

Tanto a él como a Monferrer la fiscalía les acusa de un delito de administración desleal por el que reclama cuatro años de prisión. Si el tribunal considerara que no se dan todos los requisitos para condenar por ese ilícito, el ministerio público plantea una alternativa: la apropiación indebida. En este caso, las penas se disparan a seis años de prisión.

A su vez, tanto Vila como Soler, Pascual y Polanco se enfrentan a tres años y medio de prisión por cooperadores necesarios en la presunta administración desleal o a seis años si se les relaciona al delito de apropiación indebida. A su vez, Villalba se enfrenta a seis meses o un año de prisión, según el delito, por presunta complicidad.

En el caso de Carlos Pascual y Fernando Polanco pesa sobre ellos otra acusación de blanqueo de capitales, por la que se les pide tres años de cárcel y una multa de 1,2 millones, mientras que para Villalba se pide seis meses de prisión y multa por la misma cantidad. Además, se reclama una responsabilidad civil conjunta y solidaria 160,5 millones.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios