Las normas para flexibilizar la aplicación de la PAC aumentan la confusión en el campo

La noticia corrió de inmediato de boca en boca, de pantalla en pantalla: «El Ministerio de Agricultura ha retrasado al fin la aplicación del cuaderno digital de explotación agrícola». Y al mismo tiempo, otra buena nueva: «También se alarga hasta el 30 de junio el periodo de presentación de solicitudes de ayudas de la PAC». El motivo, la sequía.

Era lo mínimo que se venía pidiendo desde todos los ángulos. Altos cargos del ministerio ya habían reconocido que todas las comunidades autónomas coincidían en pedir tal aplazamiento del CUE digital y que se alargara el plazo de la solicitudes de la PAC. La coincidencia era , y es, general; no obedece a cuestiones de índole política, sino técnica. Las dificultades de los programas informáticos retrasan más que nunca los trámites de la PAC. Nada de eliminación de trabas, la burocracia va a más, por mucho que siempre se repita que se va a reducir. Buenas intenciones con resultados muy descafeínados.

Y en esa misma tónica deslucida andan en la práctica los aplazamientos que se anunciaron y se replicaron por todo el sector.

La realidad parece que es otra, a la vista del texto legal publicado el viernes pasado, 12 de mayo, en el BOE. La nueva norma viene a sumar mayor confusión a un asunto bastante enrevesado.

El Ministerio de Agricultura anunció el mismo viernes en nota oficial la aprobación de «medidas de flexibilidad en la aplicación de la nueva PAC, como la ampliación hasta el 30 de junio del plazo de presentación de solicitudes de las ayudas».

Sin embargo, el Real Decreto-ley, publicado el mismo día, establece en la disposición transitoria única del artículo 15: «...el plazo de presentación de la solicitud (ayudas de la PAC) finalizará el 15 de junio de 2023, inclusive». Si bien se indica a continuación que «sin perjuicio de lo anterior... serán admitidas solicitudes... presentadas hasta el 30 de junio sin que se aplique la reducción del 1 por ciento por cada día hábil de retraso en la presentación».

¿Es el 15 o el 30 de junio, la nueva fecha tope para presentar las solicitudes de la PAC? ¿Por qué ese empeño en aprobar textos farragosos, complicados, poco claros, que acaban añadiendo complejidad y confusión? Porque ningún técnico consultado sabe decir a qué hay que atenerse. Y continúa habiendo muy pocos especialistas en esta materia que quieran aventurarse con el cuaderno digital (CUE); la inmensa mayoría de los que teóricamente deberán ocuparse de ello siguen a la expectativa, aguardan a verlo más claro, mientras llegan nuevas complejidades.

Veamos si no. La nueva normativa retrasa al 1 de enero de 2024 y 1 de enero de 2025 la puesta en marcha del cuaderno digital, inicialmente prevista en cada caso (según tamaño de las explotaciones y clases de cultivo) para el próximo 1 de septiembre y julio de 2024.

Es decir, que los aplazamientos sólo son de unos pocos meses en ambos casos. Y en la práctica, ni eso. Porque el Real Decreto-ley mantiene el próximo 1 de septiembre para «consignar en el cuaderno digital de explotación agraria» aquellas cuestiones relacionadas con el cumplimiento de las ayudas de la PAC y los ecoesquemas asociados, de forma que se facilite así su gestión y control. Es cierto que la obligación digital para todo lo demás, que ahora se detalla en papel (tratamientos fitosanitarios, fertilización, riegos, etc.), no existirá hasta el 1 de enero próximo, pero es de cajón que si para una parte hay que contar con asesoramiento técnico necesario el 1 de septiembre se aprovechará para realizar la cuestión al completo.

Hay, por otro lado, un apartado de esta nueva normativa que resulta llamativa. Dice que «las administraciones públicas deberán poner a disposición de todas las explotaciones los sistemas informáticos del cuaderno digital de explotación establecidos en el artículo 10 a partir del 1 de julio de 2023 para su utilización voluntaria hasta las fechas de obligado cumplimiento.» Sin embargo no sólo se ignora cualquier iniciativa oficial en tal sentido sino que no se hace caso en absoluto de las persistentes peticiones de que se realicen desde la Administración pública cursos de formación al respecto. Nada. Se continúa igual que hace meses, y cada vez queda menos tiempo. El caos está servido, porque la gran mayoría de agricultores siguen confiados en que «todo se arreglará», los técnicos eluden entrar en materia de momento y lo que viene imperando es eso de «¿lo ves?, han aplazado lo del cuaderno». ¿De verdad? En las charlas informativas para divulgar algunos aspectos de toda esta maraña, cuando algún agricultor se atreve a señalar que no tiene ordenador o no se ve capacitado para tales vericuetos, porque carece de las necesarias habilidades, algún monitor llega a aconsejar: «Pues acuda a algún familiar o vecino que le pueda ayudar».

En el preámbulo de la normativa se indica que «con estos cambios se logra ofrecer un mecanismo de flexibilidad a los operadores económicos... que les permita una adaptación paulatina y sosegada al nuevo marco normativo». Luego, la realidad es otra.

También dice el artículo 14 que las comunidades autónomas pueden «flexibilizar requisitos de las ayudas de la PAC al objeto de que las circunstancias devenidas como consecuencia de la sequía no representen impedimentos añadidos para la percepción de dichas ayudas». Pero no se sabe en qué puede consistir tal flexibilización. Estamos en campaña electoral.