Medidas para que la economía funcione

Quince líderes empresariales de la CEV cuentan a LAS PROVINCIAS las principales iniciativas que reclaman a las diferentes administraciones para promover el crecimiento económico

INÉS HERRERO y ARTURO CERVELLERA

Evitar que los dirigentes del nuevo Consell representen más a sus propios partidos que a la institución que encabezan. Esta es la principal misión que una docena de empresarios de los sectores que integran la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) encomendaron a la clase política en una jornada organizada por LAS PROVINCIAS, en la que realizaron peticiones a las administraciones públicas que reflejan las necesidades de la hostelería, construcción, transporte, comercio, industria, servicios sociales, turismo, energía, infraestructuras, agricultura y formación.

Salvador Navarro, presidente de la patronal autonómica, fue el encargado de abrir un evento en el que reclamó «seguridad política» y afirmó que son necesarios «más representantes del Consell y menos líderes de partido». Una opinión que comparte el empresariado de la Comunitat, que en los últimos años ha visto cómo los gobernantes públicos en ocasiones han primado más la ideología que el interés general.

Esta situación, advierten desde la CEV, crea inseguridad jurídica y dificulta la colaboración público-privada. Según José María Toro, presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat (Aerte), esas actuaciones generan un caldo de cultivo poco atractivo para los inversores y se produce un «desvío de inversiones a otras comunidades más favorables a la colaboración público-privada». «No hay que lanzar mensajes que ahuyenten a la inversión», sentenció.

«Necesitamos más representantes del Consell y menos líderes de partidos»

En un momento en el que se está terminando de concretar la estructura del nuevo Consell tripartito, en el que se volverá a apostar por la fórmula del mestizaje que implica que haya diferentes partidos en cada una de las consellerias, los empresarios reclaman mayor colaboración entre los socios de gobierno y un reparto de competencias bien delimitado.

El hecho de que el nuevo Ejecutivo autonómico haya apostado por crear una vicepresidencia segunda 'verde', liderada por el representante de Podemos Rubén Martínez Dalmau, mientras se mantiene la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente en manos de Compromís, ahora de Mireia Mollà, es uno de los ejemplos que aviva el temor empresarial a que se solapen competencias y no quede claro quién es el máximo responsable. Según Jenaro Aviñó, director de la Asociación Valenciana de Agricultores, la «experiencia lamentable» de la anterior legislatura hace necesaria una mayor coordinación y mejorar un modelo que derivó en una «gestión nefasta».

Esta crítica cobra más fuerza en un contexto de intensas negociaciones para decidir la estructura de los gobiernos nacidos de los sucesivos comicios. Como las que desembocaron en la reedición del Botànic y el reciente pacto de PSPV y Compromís en la ciudad de Valencia, o las vigentes a nivel estatal para desbloquear la investidura de Pedro Sánchez, que negó la entrada de Unidas Podemos al consejo de ministros mientras Pablo Iglesias defendía importar 'el modelo valenciano' para formar un gobierno de coalición.

Los empresarios reclaman «seguridad política» para evitar la fuga de inversiones a otras autonomías y claridad en la división de competencias or

Los representantes de la CEV retomaron también reivindicaciones históricas, como la lucha contra la economía sumergida y el fraude por parte de todas las administraciones, al tratarse de competencia desleal para quienes cumplen la ley y privar a las arcas públicas de millonarios ingresos a través de impuestos.

En este punto, Ligia Rodrigo, vocal de la junta directiva de Confecomerç, no solo pidió un mayor compromiso público, sino también un trato justo para aquellos que respetan las reglas. Para Rodrigo, medidas como el envío de cartas a comercios por parte de la Agencia Tributaria en las que se cuestiona que estén cumpliendo todas sus obligaciones son incomprensibles. «Una presunción de irregularidad» que, según criticó, obliga a demostrar la inocencia.

Además, desde los sectores representados en la patronal autonómica reclaman a las administraciones estatal, autonómica y municipales que reduzcan burocracia y alivien la presión fiscal que soportan para fomentar la actividad económica.

Unificación de criterios

La necesidad de contar con un marco regulatorio similar en todo el país fue otra de las grandes reivindicaciones del empresariado, que apela a la unidad de mercado. Además de criticar la excesiva legislación existente en España, los empresarios relataron las dificultades para cumplir hasta diecisiete normativas autonómicas diferentes, y otras muchas locales, sobre una misma cuestión.

La CEV pide también coherencia a la Generalitat, con criterios e incluso precios diferentes según la conselleria. Francisco Zamora y José Luis Santa Isabel, de las patronales de la construcción (Fevec) y los contratistas de obra pública (Fecoval), respectivamente, ilustraron esta problemática al señalar que el hormigón se paga a 30 o 68 euros el kilo dependiendo de si se construye un colegio o un hospital. Por ello, reclamaron que se unifiquen precios para los contratos de los distintos departamentos desde la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad que dirige Arcadi España.

2-peticiones de la cev al gobierno: más allá de demandas históricas