Nadia Calviño: «A finales de 2023 volveremos a la senda de crecimiento»

–¿Hay miradas que lo dicen todo? Lo pregunto por su gesto ante las palabras de la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz.

–(Sorprendida) Le confieso que desde esta mañana [por el miércoles] no he parado ni un minuto y no he tenido tiempo de mirar lo que se ha publicado. En todo caso, en el ámbito de la reforma laboral, hay un acuerdo claro dentro del Gobierno sobre cuál es la hoja de ruta que vamos a seguir, es la que hemos enviado a las instituciones europeas y, además, es una hoja de ruta compartida con los agentes sociales.

–¿Es una quimera alcanzar un consenso en las reformas del mercado de trabajo o pensiones?

–España viene arrastrando desde hace décadas desequilibrios muy importantes; por supuesto el déficit y la deuda pública, pero también la tasa de paro estructural o la juvenil, los niveles de temporalidad y de precariedad, la desigualdad que creció tanto después de la crisis financiera… Creo que no tenemos que resignarnos a estos desequilibrios que lastran nuestra posibilidad de seguir progresando en el futuro. Tenemos una oportunidad con este plan de recuperación y con el apoyo financiero de la Unión Europea para encarar ese proceso de reforma y de inversión. Eso no quiere decir que las negociaciones sean fáciles, pero no podemos dejar pasar esa oportunidad. Además, el plan de recuperación se basa en un diagnóstico compartido y creo que hay gran consenso de la sociedad española sobre cuál es la agenda de futuro que se quiere, una agenda de crecimiento más sostenible y más inclusivo. Eso es lo que nos tiene que guiar a todos, remando en la misma dirección, para seguir progresando en los próximos años.

–Desde la sociedad no se tiene esa percepción de remar todos en la misma dirección.

–He visto a lo largo de estos tres años una cierta desconexión entre lo que yo veo en el conjunto de la sociedad española, en los agentes económicos y sociales, que es un enorme consenso sobre las prioridades en las que tenemos que trabajar juntos, y, por otro lado, el ruido que muchas veces prevalece en el ámbito político. Y tenemos que centrarnos en lo primero: trabajar en serio para tratar de responder a las expectativas y prioridades de los ciudadanos y tratar de reducir el ruido y la crispación que no contribuyen a mejorar nuestra calidad de vida, nuestra calidad democrática y nuestras perspectivas de futuro.

–¿Y cómo se quita ese ruido?

–Buena pregunta. Desde el Gobierno estamos haciendo todo lo posible por no contribuir al mismo. La actitud del Gobierno, en particular en este último año tan difícil para todos, ha sido la de evitar los conflictos y reducir la crispación, trabajando siempre en pos del consenso. Es la aproximación correcta: la de tratar de compartir y liderar esa visión de futuro y ocuparse de lo que de verdad importa a los ciudadanos.

–Hace unos días descartaba una subida de impuestos. ¿Ha cambiado la previsión tras conocerse el dato de la deuda pública?

–Nuestra previsión es que ya en 2021 se reduzca el déficit y la deuda pública. Esas previsiones están recogidas en la actualización del Programa de Estabilidad que hemos enviado a la Unión Europea el 30 de abril. El aumento de la ratio de deuda pública que se produce sobre el PIB a principios de año es estacional. Son meses de mayores emisiones de deuda porque tenemos un importante calendario de amortización que se acaba de producir justamente ahora, en abril. Por eso es normal que la ratio sea más elevada en el primer trimestre del año. Pero esto es perfectamente compatible con nuestra previsión de terminar el año con una ratio de deuda inferior a la del año pasado y retomar esa senda de reducción de déficit y deuda en la que estábamos antes de que nos golpease la pandemia.

–¿La subida de impuestos está sobre la mesa?

–Nuestra prioridad en este momento es impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo. En paralelo, queremos que un grupo de expertos haga una reflexión, que esperamos recibir en febrero de 2022, para tratar de avanzar en los próximos años hacia un sistema fiscal más potente, fuerte, resistente y justo.

–Recientemente realizaron una revisión del cuadro macroeconómico. ¿Va a ser la foto fija para la economía española o puede variar por la vacunación?

–Hemos dejado atrás un año muy duro y tampoco ha sido positivo el primer trimestre de este año. Pero hemos entrado en una nueva fase: la recuperación económica está en marcha. Es lo que nos muestran los indicadores económicos más recientes. Todos los organismos nacionales e internacionales, públicos y privados, son unánimes en su previsión de que España tendrá un crecimiento muy intenso en la segunda parte del año, de hecho, en que España será uno de los países desarrollados que más crezca este año y el próximo. Y esa perspectiva positiva es la que nos muestran los indicadores disponibles, que apuntan a que esa recuperación se ha iniciado este segundo trimestre.

–¿En qué plazos fijan la recuperación económica?

–Si desplegamos plenamente el plan de recuperación, a finales de 2022 recuperamos el nivel de PIB que teníamos antes de la pandemia. Y a finales de 2023 volveremos a la senda de crecimiento. Tras la anterior crisis financiera, tardamos una década en recuperar esa senda. De hecho, en algunos sentidos, en nuestro país todavía no nos habíamos recuperado de la crisis financiera cuando nos golpeó la pandemia, y se ve en los indicadores de pobreza y desigualdad, en las tasas de desempleo, en el déficit de inversión… Ahora todos los pronósticos apuntan que lograríamos en menos de tres años lo que tardamos más de diez en conseguir en la anterior crisis.

–¿Ha hecho lo suficiente el Gobierno para ayudar a las empresas ante la crisis del Covid?

–Desde el primer momento ha actuado con determinación y con agilidad para apoyar al tejido productivo y mantener el empleo y las rentas de las familias. El programa que hemos puesto en marcha de avales públicos (se han movilizado unos 127.000 millones de euros en créditos, principalmente para pymes y autónomos), el apoyo público extraordinario a los ERTE, la prestación extraordinaria para trabajadores autónomos, todas las medidas de apoyo social… Esta red de seguridad ha sido tremendamente eficaz para preservar el tejido productivo, el empleo y las rentas y, por tanto, para garantizar que disponemos de una base sólida para la recuperación.

–¿Cuándo llegarán las ayudas para pymes y autónomos?

–Insisto en que desde marzo del año pasado hemos estado ayudando, principalmente a las pymes y autónomos, con una batería de medidas sin precedentes…

–Pero se ha criticado la lentitud de esas ayudas.

–Ya, pero este tipo de críticas son comunes a todos los países de nuestro entorno. Sin embargo, España es de los países que ha reaccionado de una forma decidida y ágil y con instrumentos más eficaces que han llegado al tejido productivo y al empleo. Y no sólo han permitido proteger en los momentos más duros de la pandemia, sino impulsar la recuperación y la reactivación cuando hemos podido ir desescalando las medidas restrictivas de la actividad y la movilidad. Para encarar este fase final hemos aprobado este paquete adicional de ayudas directas, que espero que en las próximas semanas las comunidades pongan en marcha.

–¿Cómo se digieren los ERE de las grandes empresas, especialmente en el sector bancario?

–La pandemia ha acelerado cambios que estaban en marcha, particularmente la digitalización, que tiene impacto en sectores productivos como el comercio minorista o el sector financiero. Están inmersos en un proceso de cambio más estructural, que va más allá del impacto a corto plazo de la pandemia y al que se añaden factores como los bajos tipos de interés o los nuevos entrantes en el mercado. Desde ese punto de vista, nuestro objetivo común tiene que ser que este proceso de reestructuración tenga el impacto menos negativo posible en el empleo y, por tanto, en la destrucción de valor en nuestro país.

–Pero ¿cómo se entienden esos ERE? El FROB, además, votó en contra de los sueldos del consejo de CaixaBank.

–Valoro que, después de las declaraciones realizadas desde el Gobierno, las entidades bancarias tengan una actitud constructiva, orientada a reducir el impacto negativo en términos de empleo. Es lo que hemos visto en los últimos días y creo que es la dirección en la que las entidades deben seguir avanzando en sus negociaciones con los sindicatos.

–Se habla mucho de los 140.000 millones de los fondos europeos y del Plan de Recuperación pero ¿cómo se aterrizan esos conceptos para los ciudadanos?

–Hablamos de cifras sin comparación con los flujos que hemos recibido en otros momentos de nuestra historia. Se trata de un potencial de inversión muy superior al que incluso aportaron a nuestro país los fondos estructurales. Ahora se trata de dar un gran salto cuantitativo y cualitativo en términos de inversión pública, de movilizar con ello la inversión privada y orientarla no sólo a la modernización de nuestras infraestructuras, sino a acompañar la doble transición verde y digital, aumentar la inversión en investigación, ciencia, I+D+i y educación, establecer un sistema moderno de FP, la movilidad sostenible, la modernización del tejido industrial... Todo este proceso de transformación nos tiene que llevar a un crecimiento que sea récord en empleo de calidad y dejarnos una economía más sostenible y menos vulnerable a las crisis, y una España más verde, digital, cohesionada social y territorialmente y con mayor igualdad de género. Son los cuatro ejes vertebradores del plan.

–El Gobierno tendrá que decidir el próximo mes sobre la ubicación de la planta de baterías. ¿Cataluña, Valencia, el norte…?

–Lo que se aprobará el próximo mes es el PERTE de automoción y a partir de ello el Gobierno evaluará los proyectos que se presenten. Pero se trata de un proyecto en el que todo el mundo puede sumar; el concepto de los PERTE es aunar esfuerzos, sumar a las administraciones públicas y al sector privado. Queremos crear un marco que permita incluir a toda la cadena de valor.

–Una de las críticas hacia la Administración es su falta de agilidad y sus carencias en digitalización. ¿Está preparada España ante la llegada de los fondos?

–Indudablemente invertir bien los 70.000 millones que tenemos previsto en estos tres años es un reto muy importante que no puede ser abordado sólo desde Gobierno central, sino que necesitamos una buena cooperación desde las comunidades, ayuntamientos o sector privado. España históricamente ha hecho un buen uso de los fondos europeos y los ha aprovechado al máximo. Ahora hemos insistido desde el primer momento en la necesidad de agilizar la colaboración público-privada y explotar todas las sinergias de esa cooperación si queremos verdaderamente lograr los objetivos. He presentado con el ministro Iceta uno de los puntos más importantes del Plan de Recuperación, que es la modernización de nuestras administraciones públicas. Después de muchos años de abandono y falta de inversión en nuestro sector público, la pandemia ha puesto de relieve la importancia de modernizarlo.

–¿Cómo se afronta la economía sumergida?

–Cuando hablamos de reforzar nuestro sistema fiscal y de hacerlo más sólido, el primer paso tiene que ser naturalmente ampliar la base de los que contribuyen a la financiación del sector público y eso significa luchar contra la economía sumergida y el fraude. Por eso ya hace un año presentamos un proyecto de ley que contiene importantes medidas para reducir la economía sumergida, incluyendo una reducción del uso de efectivo, refuerzo de la Agencia Tributaria y de los mecanismos para evitar la doble contabilidad… Está en tramitación y espero que se apruebe pronto en el Congreso.

–¿Sería necesaria una armonización fiscal no sólo entre comunidades autónomas sino también entre países?

–Nuestra posición es muy clara y coherente desde que llegamos al Gobierno: tratar de luchar contra los paraísos fiscales y la competencia fiscal. La competencia fiscal a la baja nos empobrece a todos y eso vale para el debate europeo, mundial o nacional.

–Ahora que ha acabado la campaña electoral del 4-M, ¿lo de Madrid es 'dumping' fiscal?

–No es tanto una cuestión de cómo calificarlo sino de tener claro que la competencia fiscal a la baja entre comunidades, además de poco solidaria, de ir en contra de la cohesión social y territorial, de no ser justa desde el punto de vista de igualdad de trato de ciudadanos y empresas del territorio nacional, además de eso, nos empobrece a todos.

–¿Se desbloqueará este año la reforma del nuevo modelo de financiación autonómica?

–No puedo concretar calendario. Existe una visión compartida de la necesidad de revisar el sistema de financiación autonómica y la ministra de Hacienda tendrá que ir marcando calendarios.