Mosaiq descarta vender Origen y opta por reforzar su peso con nuevas inversiones

Á. M.

Valencia. La antigua Lubasa no renunciará a su Origen. La dirección de la empresa actualmente denominada Mosaiq descarta vender la filial especializada en materias primas para la construcción en todo su ciclo y la gestión de los residuos de demolición. «La intención del grupo es apostar con firmeza por su área de materiales, conocida como Origen, y que representa y representará uno de los puntales de la división de construcción», se destaca desde la organización en declaraciones a LAS PROVINCIAS.

La voluntad es invertir para crecer en facturación, optimizar márgenes y garantizar estabilidad en el empleo de la empresa. A diferencia de lo que ha pasado con las filiales de producción cerámica (Saloni) y sus negocios de aparcamientos y concesionarios de vehículos, Mosaiq no se plantea su venta.

La empresa de la familia Batalla, que actualmente se denomina Mosaiq, pasó a ser controlada en agosto de 2017 por la sociedad de inversión Atitlan, propiedad de Aritza Rodero y Roberto Centeno, yerno del presidente de Mercadona, Juan Roig. A partir de ese momento, la compañía ha entrado en una intensa reestructuración a las órdenes del director general, José María Martínez, que llegó antes de la venta del grupo, pero que fue clave en ella.

La actual Mosaiq cerró el año con una cifra de negocios consolidada de 346 millones de euros frente a 299 millones del ejercicio anterior, representando un crecimiento del 15,70% con una evolución al alza en todas las divisiones. El saneamiento financiero ha sido fundamental para las cuentas actuales y ha incluido hasta los tribunales, ya que el juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón obligó al banco de Sabadell y a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) a plegarse a las condiciones pactadas por los principales acreedores del grupo empresarial en la resolución de la deuda gestionada con la compra.

Y es que la medida llevaba añadida una quita de más de 360 millones de euros en la que sí estaban de acuerdo el resto de entidades financieras acreedoras.

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