Luis González, portavoz de Viutur: «Los pisos turísticos hacen contrato, pagan impuestos y pasan un registro a la policía»

-El turismo de borrachera y los ruidos son las principales quejas de los vecinos. ¿Qué proponen para combatirlos?

-Nosotros rechazamos todo aquello que suponga una falta de respeto a los vecinos y a la misma propiedad. Además, la asociación propugna un código de buenas prácticas que garantice el cumplimiento de las normas de convivencia, pero necesitamos que el Ayuntamiento nos apoye con más agentes. En este sentido, cuando hay algún incidente, se debe sancionar al ciudadano que comete la infracción, no al propietario del inmueble.

-¿En qué punto se encuentra la pretensión del Ayuntamiento de regular estos alojamientos a través de cambiar el PGOU?

-De momento, no hay nada nuevo. Pero es que además no es competencia suya, sino de la Generalitat. El año pasado, el Juzgado Contencioso Administrativo número 6 de Valencia tumbó la interpretación que hace el Ayuntamiento sobre estas viviendas al equipararlas al uso hotelero. Ese dictamen está ahora en el Tribunal Superior de Justicia porque el consistorio recurrió. Además, la Comisión de la Defensa de la Competencia de la Generalitat también nos dio la razón y dijo al Ayuntamiento que no interpretara sus normas urbanísticas en ese sentido y que no puede cambiarlas con esa finalidad.

-¿Cuántos pisos turísticos hay en la Comunitat? ¿Y asociados a Viutur?

-Es difícil de saber. Somos varios cientos de socios pero deberíamos ser miles. La realidad es que hay muchas personas que prefieren estar a la sombra porque el clima de inseguridad jurídica es muy grande. Es decir, prefieren no ir al Ayuntamiento a pedir una licencia de ocupación -las viviendas lo tienen de origen pero cada cierto tiempo hay que renovarlas-, porque si dicen que es para poder alquilarlo a turistas, se lo deniegan.

-¿Qué necesita uno de estos pisos turísticos para ser legal en la Comunitat?

-Tener la licencia de ocupación, con la que se cumple la normativa urbanística y, después, hacer una declaración de responsabilidad. Una vez hecha la declaración, un inspector va a la vivienda a verificar que se cumplen una serie de requisitos de seguridad, higiene, accesibilidad, etcétera. El problema está en que están denegando la licencia e, incluso, amenazan con cortar el suministro. Están poniendo barreras a la economía colaborativa y la redistribución de la riqueza. Por otro lado, acordamos con la Agencia Valenciana de Turismo reabrir el registro de viviendas turísticas para llevar un control e invitamos a nuestros socios a inscribirse.

-¿Cómo valoran la nueva Ley de Turismo del Consell?

-Lo primero de todo, nosotros no necesitábamos una nueva normativa, sino que se cumpliera la que estaba. Este sector está perfectamente regulado desde 2009. En cuanto a la ley que quieren poner, reconoce a la vivienda de uso turístico como una modalidad de alojamiento distinta a los apartamentos, pero sigue señalándola como un lugar en el que se produce una actividad económica. Con esto se nos equipara a una empresa, lo que supone exigir reglas de imposible cumplimiento para los particulares y pequeños operadores. No han contado con nosotros en absoluto para la nueva norma. Esta ley es un panfleto de la patronal hotelera, que se siente amenazada por nosotros.

-¿Y no es realmente una actividad económica?

-La vivienda turística es de carácter residencial. Un uso terciario es aquel que implica realizar una actividad económica en un local. Por ejemplo, en una cafetería se elaboran alimentos y se sirven bebidas, por lo que es de uso terciario. Dentro de la vivienda lo único que se desarrolla son funciones propias de las personas y el propietario no les presta un servicio; no les hace la comida, ni les limpia. La única prestación de servicio es el alquiler, pero eso no es uso terciario, es cesión onerosa, ya sea para dos años de estancia o una semana.

-¿Qué dicen ante las acusaciones que les tachan de ilegales?

-Nosotros hacemos contrato, pagamos impuestos y pasamos un registro a la policía. Es más, con el alquiler a corto plazo, el Estado recauda más que con los impuestos exigidos a empresas hoteleras.

-¿La proliferación de estos alojamientos puede llevar un incremento de los precios de la vivienda?

-La influencia de los pisos turísticos es mínima. El problema está en la falta de oferta. La Administración debería encargarse de eso y promover la construcción de vivienda pública y, de ese modo, se abarataría.