Trabajo ultima una ley que anule el despido de los trabajadores que denuncien casos de corrupción en sus empresas
Aunque ya existe una ley que prohíbe las represalias, se ha identificado un vacío legal respecto a las decisiones adoptadas por la empresa que busquen castigar al trabajador
El Ministerio de Trabajo y Economía Social está ultimando una ley que proteja a los trabajadores que denuncien casos de corrupción. El departamento de Yolanda Díaz ha activado la Consulta Pública Previa para la elaboración de un futuro Anteproyecto de Ley que busca fortalecer significativamente la protección laboral de quienes denuncian casos de corrupción y otras infracciones normativas.
Este trámite, fundamental antes de redactar cualquier normativa, se realiza para recabar la opinión de los sujetos y organizaciones potencialmente afectados. Los interesados pueden remitir sus aportaciones a través del portal web del Ministerio de Trabajo entre el 16 y el 30 de octubre, incluido.
El objetivo central de esta futura ley es modificar el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Esta reforma se justifica en la necesidad de reforzar la protección efectiva de las personas que informan sobre irregularidades, pues el entorno laboral es uno de los más propicios para conocerlas.
Aunque ya existe la Ley 2/2023 que prohíbe las represalias, se ha identificado un vacío legal respecto a las decisiones adoptadas por la empresa que busquen castigar al trabajador. La Directiva 2019/1937 exige que los Estados miembros prohíban todas las formas de represalias, incluyendo el trato desfavorable o injusto.
Despido nulo
Para garantizar que esta prohibición sea efectiva, el Anteproyecto de Ley pretende declarar expresamente la nulidad de las órdenes, extinciones o despidos acordados con objeto de represaliar a las personas trabajadoras denunciantes.
La calificación de nulidad es una protección jurídica esencial y específica. Si el despido solo se considerara improcedente y se resolviera con una indemnización tasada, la eficacia del sistema de protección se vería «enormemente debilitada». Al declarar la nulidad, la empresa se ve obligada a restituir al trabajador en su puesto con todos los efectos inherentes a dicha declaración. Con esta norma se busca, en definitiva, una mayor protección para quienes fomentan la transparencia y la responsabilidad en las empresas.
