La Generalitat multará con hasta 3.000 euros a los bancos y grandes propietarios que se nieguen a poner en alquiler social sus viviendas

Según ha explicado Salvador tras reunirse con el sector financiero y promotor, la conselleria obliga a que los grandes propietarios y bancos informen sobre los inmuebles deshabitados. Después de declararlos, su departamento realiza una comprobación para certificar dicha situación y analizar el estado en el que se encuentra. Tras este paso, los propietarios y entidades deben ponerlas en alquiler social.

La sanción oscilará entre 600 y 3.000 euros y no solo se aplicará ante el rechazo de poner en alquiler las propiedades, sino que también se multará a aquellos que no declaren cuántas viviendas vacías ostentan. Además, las sanciones son coercitivas, por lo que los infractores pueden volver a ser multados aunque hayan abonado la primera sanción en caso de que persistan en su negación a cumplir la ley.

Esta iniciativa es complementaria al mecanismo que la Generalitat implantará para regular el precio del alquiler en las zonas más tensionadas de la Comunitat. En concreto, la Conselleria de Vivienda publicará a finales de año un índice de precios para sugerir cuotas límite según el barrio y las condiciones del inmueble. Debido a que la Generalitat no tiene competencias para imponer un precio límite, ofrecerá bonificaciones en el tramo autonómico del IRPF a los propietarios que no superen los topes establecidos en el índice.

Mientras tanto, el Consell espera que el Congreso de los Diputados apruebe la ley por la que podría hacer obligatorios esos límites al alquiler. Si sale adelante, la Generalitat retirará la bonificación para ofrecer a cambio otro tipo de incentivos o ayudas a los propietarios.