La Generalitat incluye la segunda fase de Parc Sagunt entre los suelos a expropiar

Los terrenos para ampliar el polígono forman parte de las acciones previstas en el anteproyecto de ley de medidas fiscales para 2019 recién aprobado

I. HERRERO

Paso a paso, la ampliación de Parc Sagunt va tomando forma, al menos en cuestión de los trámites administrativos necesarios para poder construir la segunda fase del polígono que albergará el mayor centro logístico de Mercadona.

Ese proyecto, incluido entre los anuncios del presidente Ximo Puig en el Debate de Política General, forma parte de las actuaciones públicas a realizar por expropiación recogidas en el recién aprobado anteproyecto de ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera de la Generalitat para 2019.

La inclusión de los terrenos necesarios para ampliar Parc Sagunt entre los suelos que pueden ser expropiados por la administración permitiría «realizar la urgente ocupación de esas parcelas a partir del próximo año», según explicó ayer a LAS PROVINCIAS la secretaria autonómica de Economía, Blanca Marín.

Marín, consejera delegada de la sociedad gestora del parque en la que conviven el Estado y la Generalitat, señaló que con esa medida pretenden «evitar procesos especulativos como los detectados en otros polígonos y favorecer la contención de precios para hacer posible las inversiones productivas» en esa zona.

Se trata, en definitiva, de que la administración pública sea quien venda esas parcelas a los interesados, a un precio de mercado, frente a la «retención de suelo especulativa» en otros polígonos urbanizados por parte de propietarios privados que «piden un precio tan alto que las empresas no pueden pagarlo».

El mecanismo es el mismo que en la primera fase de Parc Sagunt, que pasó de estar prácticamente desierto y al borde de la quiebra a rozar el lleno, fundamentalmente a raíz del desembarco de Mercadona. Antes, no obstante, debe estar listo el plan especial del área logística de Sagunt, adjudicado por la Conselleria de Vivienda, por 107.937 euros, a la alicantina Civis Consultores, el despacho valenciano MRA Arquitectos y la ingeniería madrileña TRN.

 

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