La Justicia condena a un asesor fiscal con dos años de prisión y una multa de 110.553,73 euros por estafar a Hacienda con declaraciones falsas del IRPF
El individuo usaba los certificados digitales de sus clientes para desviar las devoluciones de la renta a sus propias cuentas
Mario Lahoz
Valencia
Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:43
La Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a dos años de prisión y trece meses de multa a un individuo que consiguió defraudar a Hacienda a través de un sistema basado en presentar declaraciones de la renta falsas en nombre de sus propios clientes, sin que estos fueran conscientes de ello.
Según el fallo, el acusado, asesor y gestor tributario entre 2017 y 2022, utilizó los datos personales y certificados digitales de varios contirbuyentes para solicitar devoluciones indebidas del IRPF.
En los documentos presentados ante la Agencia Tributaria, introducía como datos de contacto sus propios teléfonos y direcciones de correo electrónico, lo que le permitía recibir todas las notificaciones sin que las víctimas lo supieran. Una vez aprobadas las devoluciones, un total de 110.000 euros, eran ingresadas en cuentas bancarias del acusado y sus familiares, según detalla la resolución judicial.
En algunos casos, incluso había presentado previamente declaraciones informativas falsas con retribuciones y retenciones inventadas, para que los importes declarados coincidieran con los datos fiscales y la Agencia no detectara irregularidades antes de autorizar los pagos.
Durante el proceso, el acusado reconoció íntegramente los hechos y manifestó haber devuelto en torno a los 4.000 euros, comprometiéndose a abonar 500 euros al mes hasta completar la reparación del daño.
El tribunal destaca que el acusado «abusó de la confianza depositada por sus clientes para acceder a sus certificados digitales» y defraudó a la Administración utilizando documentos oficiales alterados, lo que constituye un delito de falsedad en concurso con estafa.
No obstante, al no tener antecedentes penales, la Audiencia ha acordado suspender la ejecución de la pena de prisión por cinco años, siempre que cumpla con el plan de pago establecido. La sentencia fija además una indemnización a Hacienda de 110.553,73 euros e impone al condenado el pago de las costas procesales.
