Los ingresos del CO2 permiten bajar el tributo a la luz sin generar desequilibrios

Un automóvil circula por Vitoria. /Montes
Un automóvil circula por Vitoria. / Montes

El Ejecutivo calcula que la merma de 1.000 millones por quitar el impuesto del 7% se compensa con el alto coste por contaminar

José María Camarero
JOSÉ MARÍA CAMAREROMadrid

Si las cuentas de la ministra de Transición Ecológica le salen bien, la anunciada supresión del impuesto a la generación para recudir la factura de la luz conseguirá su primer objetivo, el de atenuar la escalada que mantiene el recibo desde hace varias semanas; y a la vez, no poner en riesgo el millonario déficit del sistema eléctrico para así mantener el resto de la factura sin cambios al alza, que finalmente repercutirían en los consumidores. La primera consecuencia de la medida propuesta por Teresa Ribera ante el Congreso tiene un efecto directo sobre la recaudación. Porque el Estado dejará de ingresar unos 1.000 millones de euros.

Ese es el cálculo que ha realizado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para reflejar la pérdida de ingresos públicos por esta suspensión de un tributo cuyo gravamen sobre la producción de las plantas eléctricas (nucleares, carbón, ciclos combinados, hidroeléctricas y todas las renovables) será próximo al 0% en cuanto lo apruebe el consejo de ministros, posiblemente la próxima semana. Consciente de la situación de la ejecución presupuestaria y de que los ojos de Bruselas miran con atención cualquier movimiento en las arcas públicas -aún bajo supervisión por déficit excesivo-, Montero aclaró este jueves que esa merma «se corregirá con otras partidas presupuestarias».

No se trata de que Hacienda vaya a incrementar la recaudación por otros tributos o que se apliquen medidas de recorte en el gasto, tal y como aclaran de ese Ministerio. Se conseguirá «por la vía de los ingresos», afirman esas fuentes. En realidad, el Estado cuenta con una circunstancia, al menos temporal, con la que el Tesoro está haciendo más caja de la prevista durante este año. En concreto, las ventas de los derechos por emitir dióxido de carbono (CO2) podrían aportar a final de año unos 1.300 millones frente a los 370 millones previstos inicialmente en los actuales Presupuestos del Estado. Además, al crecer los costes de producir electricidad (por el CO2 y por los combustibles utilizados en muchas centrales) indirectamente se incrementan los ingresos por otros conceptos como los cánones a las hidroeléctricas o a las nucleares.

El Estado tiene un margen de unos 1.000 millones de euros, procedentes de una recaudación mayor de la presupuestada derivada del mercado del CO2, que ha podido utilizar para rebajar al mínimo el Impuesto de Generación. Es más, el Gobierno sabe que esa fuente de dinero no se reducirá en lo que queda de año «porque el actual precio del CO2 es el que han marcado todos los Estados con el beneplácito de la Unión Europea por contaminar», explican fuentes del sector.

Evitar más déficit de tarifa

A principios de 2018, el precio del derecho de CO2 cotizaba a poco más de cinco euros por tonelada negociada; y ahora se paga por este concepto casi 22 euros, con los correspondientes ingresos para las arcas públicas incrementados exponencialmente. «Las autoridades comunitarias han recortado el volumen de derechos a negociar conscientemente para que suba su precio», indican los expertos energéticos. De hecho, los futuros de este mercado no descartan que el coste del CO2 repunte hasta los 30 euros/Tm. Si así fuera, los ingresos públicos por este concepto ascenderían a 2.000 millones de euros. Así, la recaudación por esta vía superaría ampliamente la sangría de dinero que se perdería por suspender el tributo.

Lo que no puede permitirse el Gobierno es que se vuelva a desbocar el déficit eléctrico -la diferencia entre los ingresos y los gastos del sistema-. Los costes anuales (distribución, transporte, primas a las renovables antiguas, etc.) rondan los 18.000 millones. De hecho, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) prevé para 2018 un superávit mínimo de 1,9 millones.

Si Transición Ecológica viera peligrar el déficit por la rebaja del impuesto a la generación tendría que actuar por otras vías como los peajes (costes fijos de la factura), pagos por capacidad, los cánones a las hidráulicas o las tasas a los residuos que generan las nucleares.

Todas las voces del Ejecutivo insisten en que con la medida propuesta por Teresa Ribera muestran su sensibilidad a la realidad por la que atraviesan los hogares con el precio de la luz. En cualquier caso, se mantendrán «vigilantes» para que la práctica desaparición del impuesto repercuta realmente en la factura.

A falta de una semana para que culmine el mes, los precios del mercado mayorista diario -el que marca la parte del consumo de los recibos mensuales- se mantiene en niveles altos, con una media superior a los 70 euros/Mwh, la referencia más cara de todo el año. Septiembre será, previsiblemente, el periodo más costoso de 2018.

Fotos

Vídeos