Los empresarios valencianos acusan a Pedro Sánchez de lastrar el crecimiento

Las medidas anunciadas para elevar la presión fiscal a las empresas, con mayor o menor detalle y no pocas matizaciones tras la alarma generada, despiertan preocupación en el empresariado valenciano por su impacto en la economía. «Subir impuestos cuando suenan alarmas de desaceleración podría suponer un frenazo en el crecimiento de las empresas y destrucción de empleo», advierte Rafael Pardo, presidente de la asociación de autónomos ATA.

Similar diagnóstico realizan el decano de los economistas, Juan José Enríquez o el empresario Francisco Corell, que recurre a Winston Churchill para sentenciar que «muchos miran al empresario como el lobo al que hay que abatir; otros lo miran como la vaca a la que hay que ordeñar; pero muy pocos lo miran como el caballo que tira del carro».

OLa patronal autonómica rechaza el aumento de la presión fiscal e insta a la administración a hacer los deberes, como han hecho las empresas, para acometer «una profunda y definitiva reforma que reduzca los gastos innecesarios, redundantes e improductivos, que gestione más y mejor y combata el fraude fiscal».

Para su director de Economía y Análisis, establecer un tipo mínimo en Sociedades neutralizará deducciones y bonificaciones contempladas a la hora de invertir, mientras que la reducción de dos puntos para empresas que facturen menos de un millón afectará a pocas sociedades, a falta de ver si la letra pequeña sobre deducciones y bonificaciones hace que «la tributación final se mantenga o incluso se incremente».

En Sucesiones, se elevarán los costes de transacción para las empresas, como subirán también los costes variables con las subidas del diésel y el impuesto especial de hidrocarburos. En cuanto a la subida de las bases máximas de cotización, la CEOE calcula que elevará en 1.761 millones al año los costes laborales para las empresas si aumentan un 12% las cotizaciones más altas, unos 158 millones correspondientes a las mercantiles de la Comunitat.

«Se trata de un aumento en la presión fiscal que no sólo incide en los niveles de competitividad de las empresas, sino que viene a coincidir con un aumento de los costes laborales ya pactado entre los agentes sociales, al tiempo que se confirma una ralentización del consumo, de la demanda agregada y del conjunto de la economía real. El peor de lo momentos», sentencia Miralles.

El Gobierno le da una cal y otra de arena al campo. Desde la Asociación Valenciana de Agricultores recuerdan que el ministro Luis Planas se comprometió a dejar fuera de la subida impositiva al 'gasoleo B', el empleado en tractores, maquinaria y motores y que, en un año, se ha encarecido un 28%. No obstante, estiman que el incremento del diésel costará diez millones de euros al sector por el impacto en las empresas de logística, transporte o servicios y también en los desplazamientos que realizan los agricultores valencianos con sus vehículos. Esas subidas del combustible agravarán los sobrecostes del encarecimiento de la energía, en un año complicado.

OEl transporte recibe las medidas anunciadas por el Ejecutivo central como otro golpe a «un sector que ya estaba muy tocado, en márgenes cero y negativos», y estudia «protestas a nivel nacional». Según el secretario general de la federación autonómica, FVET, el gasóil se ha encarecido un 15% desde finales de 2017 y el mecanismo de devolución prometido para eximirles de la equiparación de precios con la gasolina no les librará de los costes financieros. «Primero habrá que pagar y cuando la administración tenga fondos o le venga bien, lo devolverá».

«Las medidas anunciadas suponen más costes sin ningún tipo de retorno, para mejorar las carreteras por ejemplo», sostiene el representante de los transportistas de contenedores, quien agrega que «lo único que sonaba bien era la liberalización de la AP-7, como un respiro, y ahora parece que está en cuestión».

Para García Viana, «está fallando la pedagogía y todo esto provoca más rechazo y crispación», además de agravar el «desconcierto» generado por la ministra Teresa Ribera al asegurar que «el diésel tiene los días contados». Al respecto, indica que «en vehículos pesados de momento no hay alternativa al diésel y los profesionales se preguntan qué pasará si desaparece, además sin un calendario ni decir cómo» se haría.

OEl incremento de costes derivado de las cuentas de Pedro Sánchez preocupa a empresarios como el director del Grupo Esk y expresidente de la patronal del transporte, quien apunta que «no se podrá repercutir a los clientes en mucho tiempo, hasta que se refleje en el IPC y pueda negociarse» e implica «estrujar los pocos recursos que quedan, lo que afectará al día a día de las pequeñas y medianas empresas». Según Francisco Corell, esa situación, unida a la mayor presión en tributos como Sucesiones, «desincentiva el ahorro de las empresas, su labor de crecimiento y, por tanto, la creación de empleo», en una «situación de mucha dificultad» para el negocio del transporte y en la que «faltan conductores de camiones».

OEn un contexto de menor crecimiento, el decano de los economistas considera que «no parece lo más adecuado un incremento tan notable de la presión recaudatoria», a falta de conocer el resultado definitivo. Juan José Enríquez advierte de que «el incremento de costes para las empresas y particulares que las medidas suponen pueden tener un efecto negativo en el crecimiento y por tanto en la creación de empleo», cuando lo que necesita la economía es «seguir con un sano crecimiento para crear el empleo necesario».

Respecto al mínimo previsto en Sociedades, indica que si finalmente es del 15% sobre base imponible, y no sobre resultado contable, podría «castigar» a quienes invierten mucho en I+D+i y tributan al 10% o menos por deducciones, además de «generar sobreimposición y fomentar la deslocalización» de empresas que obtienen rentas en el extranjero y se deducen lo pagado allí.

En cuanto al incremento del impuesto sobre el gasóleo, prevé un «incremento de costes de muchas actividades, especialmente transporte de personas y mercancías», a falta de ver si «anulan o al menos amortiguan» ese daño. Y alerta de que, «en un momento sensible en las empresas automovilísticas, como Ford, la incertidumbre sobre esta medida es muy perjudicial para las decisiones empresariales», dado el coste de transportar los vehículos.

En relación a la posible tasa sobre transacciones financieras del 0,2%, indica que «puede anular en muchos casos la rentabilidad» y «al castigar la rotación, resta liquidez al mercado y castiga al inversor activo», lo que «favorece la huída de capitales a otras bolsas o mercados».

Enríquez valora que la mejora de prestaciones por dependencia o del salario mínimo «pueden incrementar la demanda por la elevada propensión marginal al consumo de estas rentas», mientras «el incremento del déficit público nos separa del necesario desendeudamiento público, más necesario que nunca ante el próximo incremento de los tipos de interés por parte del BCE».

ODesde ATA se oponen a la subida de impuestos por su impacto en el crecimiento y el empleo, al tiempo que exigen mejorar la prestaciones sin ligarlas al incremento de cotizaciones hasta el 12,5%. «Como máximo, que suba el 1,5% que ha subido de media la base de cotizacion en el régimen de autonomos en los últimos 25 años», argumenta Rafael Pardo, al tener que esperar más allá de 2019 para «pagar según los ingresos y que quienes tengan ingresos marginales paguen una cuota reducida».

Además, exige al Gobierno que cumpla la prometida rectificación para que la subida del salario mínimo no eleve la base mínima de cotización y encarezca en 420 euros la factura anual a dos de cada tres autónomos, 173.000 valencianos.