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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo en 2022 en Albacete que pondría fin al trasvase Tajo-Segura, al menos para regadío. Y lo está ... cumpliendo. La Comisión de Explotación del Ministerio de Transición Ecológica ha aprobado nuevas reglas de funcionamiento que suponen mayores recortes en los envíos de agua a la cuenca del Segura desde los embalses de cabecera del Tajo (Entrepeñas y Buendía). A partir de ahora sube a 1.600 hectómetros cúbicos el umbral de reservas en dichos pantanos para definir la situación de nivel 2. Son 300 hectómetros más que hasta ahora. En la práctica será mucho más difícil llegar a una situación de nivel 1, lo que significaría que un trasvase pueda alcanzar los 60 hectómetros o se quede en 24.
Los recortes vienen siendo continuados desde hace años y además suelen venir acompañados de promesas más duras para el futuro. Promesas para quienes quieren que se suspenda para siempre el trasvase, en Castilla-La Mancha; amenaza gravísima para quienes aspiran a contar con suficiente agua para regar sus producciones hortofrutícolas en el sur de Alicante, Murcia y Almería. Ese nuevo umbral de 1.600 hectómetros de reservas es difícil de alcanzar. Ni siquiera ahora se llega a ello, tras tantas lluvias, con notable aumento de los embalses. Los últimos datos oficiales indican que Entrepeñas tiene 689 hectómetros, el 84,74% de su capacidad; Buendía, 855, al 50,14%. En conjunto, 1.544 hectómetros, el 61,31%. Pues ni así.
Desde los sectores agrícolas afectados en la cuenca del Segura, organizaciones agrarias, sindicatos y comunidades de regantes, ayuntamientos y administraciones autonómicas, se lanzan de nuevo voces de protesta, arengas para resistir en todos los frentes y recurrir a todas las instancias políticas y judiciales.
Al mismo tiempo se expresan advertencias en el sentido de que esto puede ser el fin para infinidad de productores, el cierre de empresas, la pérdida de muchos miles de empleos. Sin agua se deja de producir. Pero la realidad es que no se logra mover nada en sentido contrario y la evidencia es que este asunto viene recorriendo un largo proceso descendente. Es como si en altísimas instancias tuvieran muy decidido que ha de ser así, que la suerte está echada, y no hay sensibilidad que se remueva.
Tienen razón quienes concluyen que esto puede ser el fin, porque por mucho que se redoblen esfuerzos para aprovechar 'otras' fuentes de agua, las subterráneas, las fluviales, las desaladas, las depuradas y reutilizadas, el desarrollo de técnicas de máximo aprovechamiento, las cuentas son claras: no se cuenta con bastantes recursos hídricos en las comarcas del sureste de España para sostener las producciones hortofrutícolas que deberían contar con el apoyo imprescindible del Tajo-Segura sin recortes, como tenían previsto.
Estamos ante un giro histórico, cuando se está poniendo fin a lo que fue un ambicioso proyecto de desarrollo hortofrutícola de exportación que cumple casi un siglo y que vino de la mano de un ingeniero de excepción, Manuel Lorenzo Pardo, bajo el mando de quien era ministro de Obras Públicas, el socialista Indalecio Prieto, en el Gobierno de la República. Paradojas del destino, lo que fue un sueño pragmático de la ingeniería ilustrada bajo el paraguas del PSOE, viene a ser concluido por otro Gobierno presidido por el PSOE, casi cien años después.
Para algunos, el trasvase sería cosa del régimen de Franco, como se le asignan tantas obras hidráulicas que en realidad se construyeron mucho tiempo después de proyectarse. Lorenzo Pardo diseñó casi por entero lo que se hizo más tarde y lo que quedó por hacer y hoy en día sigue estando vigente en prácticamente todas las demarcaciones hidrográficas de España, incluidas las interconexiones de unas cuencas y otras, las pocas hechas y otras que no se han llegado a hacer, como el trasvase del Ebro, como el envío desde el Duero hacia el sur.
El Tajo-Segura se concluyó a primeros de los años 70, pero se planificó en los 30. La guerra civil y las dificultades económicas posteriores retrasaron su construcción; los principios que lo motivaron persistieron, hasta ahora.
El objetivo de este trasvase era y es bien claro: llevar el agua de donde está a donde falta para poner en cultivo tierras con climas de excepción; así se aumentaría la producción de frutas y hortalizas en sitios sin riesgos de heladas, con profesionales avezados y mucho saber hacer, se garantizaría un mejor abastecimiento alimentario de la población española y se generarían excedentes para exportarlos a toda Europa, necesitada a su vez de verduras y frutas frescas en momentos en que no pueden tener suministro local, o de especies y variedades que allí son impensables por sus climas.
La entrada de divisas mediante la exportación hortofrutícola se confía más hoy a otras actividades, turismo incluido, y aquella premura no se siente igual en las esferas del Gobierno, donde priman otras preferencias ecológicas y también otros juegos de equilibrios y colores políticos. Además, en Castilla-La Mancha, como en otras regiones, no están hoy por la labor de facilitar que otros produzcan lo que ellos pueden producir. Tan fácil como quedarse el agua para tener más exclusividad y cortar las alas a la competencia: los melones, de La Mancha, no de Murcia, Alicante o Almería. Y así sucesivamente.
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