Las empresas exigen ayudas ante el coste de los planes de igualdad

Las empresas exigen ayudas ante el coste de los planes de igualdad

Muchas de las pymes afectadas carecen de recursos para aplicar las medidas que pide el nuevo decreto a partir de 2020

ELISABETH RODRÍGUEZ VALENCIA.

Hasta hace dos días, miles de empresas valencianas no sabían lo que era un plan de igualdad. Hoy más de 2.000 están haciendo cálculos para ver cómo abordar lo que a partir de 2020 será una obligación tras la publicación del Real Decreto-ley sobre la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Esta norma, que ha aterrizado con fuerza entre empresas y sindicatos, destaca por dos medidas principales: se exige un plan de igualdad para todas las compañías de más de cincuenta empleados y se demanda un registro público de salarios medios que diferencie entre hombres y mujeres según su categoría profesional.

En concreto, un total de 2.052 firmas valencianas tienen entre 50 y 200 trabajadores y a partir del próximo año tendrán la obligación de contar con un plan de igualdad, una exigencia que hasta ahora debían cumplir sólo las mayores de 250. Dichos planes, además, implican elementos novedosos. Por ejemplo, será necesaria la constitución de una comisión formada por representantes de los trabajadores y de la empresa. «Hay que realizar un diagnóstico de la situación en el que debe intervenir la comisión. Eso implica que el empresario ha de proporcionar todos los datos a dicha comisión para poder hacer un análisis», explica María José Calvet, asociada senior de Derecho Laboral en Garrigues.

En ese sentido, la experta señala que «hacer un plan de igualdad es difícil» y que, hasta ahora, las grandes mercantiles solían subcontratar este trabajo. «Supondrá un despliegue importante de recursos de todo tipo, personales y económicos, por parte de las empresas», añade Calvet. Precisamente, en esa línea se pronuncia la presidenta de la Asociación de Empresarias y Profesionales de Valencia (Evap), Eva Blasco, quien afirma que «hay que considerar mecanismos de apoyo para ayudar a las pymes en la realización de esos planes y su mantenimiento». No obstante, añade que la asociación está «a favor de cualquier medida que contribuya a avanzar hacia la igualdad».

Estos planes de igualdad, así como el resto de medidas contempladas en el decreto, deberán aplicarse en un plazo de tres años máximo a partir del año que viene, dependiendo del tamaño de la empresa. Las de más de 150 trabajadores deberán tener su plan en 2020; las de 100 a 150, en 2021;y las más de 50, en 2022.

Otra de las medidas más destacadas es la de tener un registro con los salarios medios según género y funciones. «Si sale una diferencia del más del 25%, el empresario tendrá que explicar el por qué y corregirlo. Ese registro, además, lo debe hacer alguien capacitado, ya que hay que saber diferenciar muy bien lo que es un trabajo de igual valor porque en caso de error, pueden salir datos con diferencias muy significativas. Hay que ir con mucho cuidado», cuenta Calvet. En ese sentido, Ester Carbonell, de GB Consultores, señala que la causa de que las mujeres cobren menos muchas veces se debe a que acceden a puestos más precarios, registran más absentismo por cuidar de personas dependientes o bien por optar a jornadas reducidas por ese mismo motivo. «No siempre el problema está en que por un mismo puesto se cobre menos», explica.

Entre otras cosas, los planes de igualdad fomentan la promoción para que las mujeres puedan acceder a puestos de mayor responsabilidad, así como la formación. Además, se controlará que no varíe el nombre de una misma función entre hombres y mujeres con sueldo distinto y, por otro lado, la empresa no deberá utilizar lenguaje discriminatorio a la hora de realizar ofertas de trabajo. A esto hay que añadir que deberá prevenir el acoso y facilitar la conciliación. «Hoy en día, se está logrando esta igualdad a través de la legislación, pero auguro que en un futuro muy breve la igualdad será un elemento estratégico en la forma de gestión de las empresas», comenta Lucía Barrachina, experta en Recursos Humanos.

Por su parte, la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) manifiesta que el Decreto Ley establece «una serie de obligaciones burocráticas que dificultan la organización interna de las empresas y añaden nuevos costes». Sin embargo, sostiene que la norma «recoge algunas de las propuestas» de los empresarios. «Estamos convencidos de la necesidad de avanzar en la igualdad, aunque no compartamos que se utilice un Real Decreto Ley para regularla, en lugar del diálogo social. Las empresas tendremos que esforzarnos, pero también deberían hacerlo las Administraciones Públicas, con el respaldo necesario más allá de la regulación», sostiene.

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