El Banco Santander y La Unión Alcoyana se incorporan a la CEV

Salvador Navarro, en el centro, junto a la cúpula de la CEV. /LP
Salvador Navarro, en el centro, junto a la cúpula de la CEV. / LP

La confederación suma un total de 120 empresas directamente asociadas y 138 asociaciones y federaciones que representan a más de 500 organizaciones empresariales

EFEValencia

Los órganos de gobierno de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), comité ejecutivo y junta directiva, han aprobado la incorporación de Banco Santander S.A y de La Unión Alcoyana S.A de Seguros y Reaseguros como empresas directamente asociadas.

Con éstas dos últimas altas la confederación suma un total de 120 empresas directamente asociadas y 138 asociaciones y federaciones que representan, a su vez, a más de 500 organizaciones empresariales, ha informado la CEV en un comunicado.

Asimismo, se ha aprobado la designación del presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de la Comunidad Valenciana (ATA-CV), Alberto Ara, como vocal del comité ejecutivo y de la junta directiva, y del presidente de la Federación de Polígonos Empresariales de la Comunitat Valenciana (FEPEVAL), Santiago Salvador, como vocal de la junta.

Los vocales de comité y junta, han sido también informados de los objetivos con los que la CEV llega a la próxima reunión de la Mesa de Diálogo Social convocada para el 25 de julio.

A falta de reunirse con los secretarios generales de UGT-PV y CCOO-PV, Ismael Sáez y Arturo León, en una reunión de carácter previo prevista para el lunes 22 de julio, el presidente de la CEV ha comunicado su intención de «defender las palancas estratégicas en las que, desde el punto de vista empresarial, debe apoyarse el Consell para potenciar y aumentar la competitividad de las empresas y crear empleo, imprescindible para el progreso económico y social de la Comunitat Valenciana».

Así, tal y como han acordado los órganos de gobierno de la confederación, la CEV propondrá el aumento de la inversión en en I+D+i; el fomento de la digitalización en las empresas; la creación de un observatorio que luche contra la economía sumergida; el impulso a la colaboración público privada o la exigencia de cumplimiento para los productos de terceros países de los mismos estándares de calidad, seguridad y medioambientales que para los de la Comunitat.