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a. MOHORTE
Sábado, 17 de octubre 2015, 22:16
El plazo para la presentación de ofertas que pujen por los 19 lotes en los que el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia ha dividido el antiguo Grupo Ros Casares expira este jueves. Hasta el momento más de una docena de inversores se han interesado por la puja que de facto pone punto final a la compañía metalúrgica valenciana fundada en 1954.
Además de su antiguo socio, Thyssenkrup, el resto de aspirantes a llevarse los restos de la compañía son fondos y competidores de menor tamaño interesados en alguno de los centros productivos en concreto. Con lo que se obtenga de estas operaciones se procederá a la liquidación del grupo industrial.
Desde la convocatoria de la subasta el interés de los inversores ha evolucionado de forma desigual. Fuentes conocedoras del proceso advierten que se ha enfriado el interés por el Centro de Acero, ubicado en Vitoria, y que era una de las joyas de la operación. Esta planta se dedica a la producción de chapa para carrocerías (técnicamente denominado producto plano) desde 2002 y, aunque provee a diversos grupos automovilísticos como Mercedes, Renault o General Motors, está a la expectativa del futuro de los 4.200 millones en inversiones que anunció Volkswagen antes de su crisis por el fraude del diesel.
Otro de los paquetes relevantes es el del 50% de Thyssen Ros Casares, enfrentado desde hace años en litigios. Se trata de los centros de acero de El Puig, constituido al 50% entre Thyssen Handelsunion AG y Francisco Ros Casares, S.A. en 1990; y el de Puerto de Sagunto, resultado de la adquisición por parte de esta sociedad de la compañía Sersider en el año 1995. Además, de estos activos que se mantienen plenamente en uso y con carga de trabajo, se cuentan diversos centros de materiales para la construcción, logística y de almacenamiento que despiertan un interés dispar, según fuentes conocedoras del proceso.
Crónica de un desplome
A lo largo de los últimos años, la propia empresa se deshizo de activos para el pago de sus acreedores. El más significativo fue la venta de la llamada Ciudad Ros Casares al banco Sabadell en compensación por una deuda de 232 millones de euros que la empresa tenía con la CAM por este proyecto inmobiliario a caballo entre los términos municipales de Valencia y Xirivella.
La caída de la demanda de acero en España y en sus plantas en Francia y Polonia había erosionado la compañía en los últimos años hasta obligarla a seguir tomando medidas económica y socialmente contundentes, que han incluido el cierre de varias plantas y la presentación de expedientes de regulación de empleo sobre buena parte de su plantilla. La declaración del concurso de acreedores a finales de julio de 2014, pocas semanas después del fallecimiento del patriarca de la firma, Francisco Ros Casares, fue el inicio del fin de la espiral en la que había entrado la compañía.
Aunque la diversificación suele servir para evitar la concentración de riesgos, lo cierto es que muchos de los proyectos ajenos a sus actividad fueron los que se terminaron por convertir en auténticos quebraderos de cabeza para los responsables de la empresa.
Uno de los más llamativos fue el de la gestión de la Terminal Polivalente Portuaria de Sagunto, que consistía en la explotación de un recinto dedicado al procesado y transporte marítimo de productos siderúrgicos para el que el Grupo Ros Casares y el Banco de Valencia contaba con la concesión desde junio de 2006, a través de Inversiones Valencia Capital Riesgo.
Sin embargo, a finales de 2012, la empresa solicitaba a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) la extinción de la concesión después de que la infraestructura quedara suspendida temporalmente desde 2009 y la evolución de los acontecimientos en el Grupo Ros Casares y en el Banco de Valencia obligaran a descartar el proyecto.
En todo caso, la compañía también planteó iniciativas más propias de su negocio a las puertas de la crisis. Este fue el caso del megacentro industrial Brava Steel en Parc Sagunt, que iba a significar una inversión de 450 millones de euros. Desde este centro se iba a producir más de un millón de toneladas de chapa al año y una previsión de facturación solo de esta planta de 600 millones de euros anuales. El objetivo era convertirlo en el mayor centro de producción de España, con el proyecto de cubrir también los mercados de Francia y Portugal. El desplome de la demanda local y la de los países vecinos llevó a su aplazamiento sine die.
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