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Salvador Navarro, presidente de la CEV, en rueda de prensa junto al secretario general de la patronal, Miguel Ángel Javaloyes. irene marsilla
Las empresas arremeten contra el Gobierno por la obligación de que los becarios coticen

Las empresas arremeten contra el Gobierno por la obligación de que los becarios coticen

La CEV critica que se imponga «un coste más» a los negocios y alerta de que frenará la participación en programas formativos

INÉS HERRERO

VALENCIA.

Jueves, 24 de enero 2019, 00:55

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La obligación de tener que cotizar a la Seguridad Social por todos los estudiantes que hagan prácticas, desde universitarios hasta alumnos de Formación Profesional, se interpreta entre las empresas como «una gota más, la última, de un vaso que al final rebosa». Así resumió el secretario general de la CEV, Miguel Ángel Javaloyes, el sentir del empresariado ante una decisión del Gobierno de Pedro Sánchez sobre la que la patronal asegura no haber sido consultada y que, a su juicio, «puede frenar la participación de las empresas en programas formativos».

En declaraciones a LAS PROVINCIAS, subraya que se trata de «otro coste más, a través de la cotización, y sin tener en cuenta la inversión que realizan las empresas cuando ponen un tutor al lado del alumno que hace las prácticas». Un coste que se suma, además, a medidas estatales que ya criticaron como un freno al crecimiento económico, tales como la subida de las bases máximas de cotización en un 7% o el incremento del Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros mensuales.

Cabe recordar que, con el sistema actual, las prácticas no remuneradas estaban exentas de cotización y que el cambio afecta también a las prácticas obligatorias, las que forman parte de los planes de estudio.

Universidades y centros de FP ya alertaron de que temían perder plazas de prácticas para sus alumnos La medida estatal se pospuso al próximo curso tras la oleada de críticas y la negociación con los rectores

Al margen de la cuantía que deban asumir por la cotización de los estudiantes en prácticas, para la CEV las formas no ayudan a encajar una decisión que «lo que va a hacer es limitar la participación de las empresas, como entidades colaborativas, dentro del sistema de formación».

Ese era, precisamente, uno de los miedos de la comunidad educativa. Como publicó este periódico, universidades y centros de FP alertaron de que temían perder plazas de formación para sus alumnos. Según los datos de la Universitat de València, representativos tanto del sistema valenciano como a nivel estatal, donde las prácticas no remuneradas son también mayoritarias, un total de 10.685 estudiantes se formaron en entidades externas el curso pasado.

De ellos, 2.432 tuvieron algún tipo de retribución (la mayoría eran de la modalidad extracurricular, no necesaria para obtener la carrera), mientras que los 8.253 restantes no cobraron, estuvieran obligados o no a hacer esas prácticas, para las que el Gobierno exige ahora cotización.

Tras la oleada de críticas con que fue recibida esta medida por parte del mundo educativo, y a las que se suma el empresarial, el Ejecutivo central anunció que la iniciativa no entrará en vigor antes del curso 2019-2020, frente al plazo inicial de tres meses que preveía el real decreto ley -publicado el 29 de diciembre- para oficializar el desarrollo normativo necesario para su aplicación.

Primero, negociar

Para la patronal, ese aplazamiento no cambia el hecho de que no hayan sometido un cambio de ese calado al diálogo social con patronal y sindicatos, al igual que mantuvieron conversaciones con los rectores.

Tampoco les tranquiliza que la ministra Isabel Celaá afirmase tras esos contactos, durante la presentación de los presupuestos en materia educativa y cultural, que la obligación de cotizar por los becarios «garantizará que no tiene impacto negativo» ni en las empresas ni en los estudiantes, a los que defendió que aportará «ventajas», básicamente que el tiempo de las prácticas les compute de cara a la jubilación.

Para la patronal autonómica, el primer paso debería haber sido sentarse a negociar cómo llevar a la práctica ese «método sencillo» de cotización a la Seguridad Social por los becarios con el «mínimo coste posible» al que aludía en esa misma comparecencia el ministro de Ciencia y Universidades, Pedro Duque, quien garantizó que iban a trabajar «conjuntamente con los diversos actores universitarios».

De momento, desde la patronal valenciana aseguran que «siguen sin hablarlo con las empresas», e insisten en que esa obligación de asumir un coste adicional, que «en todo caso tendría que pactarse», para las empresas «es una cuota más, otra gota dentro de un vaso repleto de cargas y medidas fiscales que pueden frenar el crecimiento, y al final esa última gota es la que hace que rebose», sentencia su secretario general.

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